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Valenciano y Villarrubia obviaron las quejas de las socialistas de León contra el acuerdo con el acosador

Las mujeres que la pasada semana impulsaron el manifiesto en contra de la moción de censura de Ponferrada se quejan de la falta de respuesta de la número dos del PSOE y del líder regional del partido. Rubalcaba remitió el t

IÑIGO ADURIZ

Ya el miércoles de la semana pasada tanto el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, como la número dos del partido, Elena Valenciano, la secretaria de Igualdad, Purificación Causapié o el líder de los socialistas castellanoleoneses, Julio Villarrubia, podían imaginarse lo que se avecinaba en Ponferrada para tan sólo días despúes ante las intenciones del Grupo Socialista del municipio de pactar con el acosador y exalcalde del PP, Ismael Álvarez, para desbancar a los conservadores del Gobierno municipal.

Podían hacerse una idea de lo que les esperaba y no sólo por las numerosas informaciones publicadas en los medios. También porque todos ellos habían recibido en sus correos electrónicos del partido el manifiesto En defensa de la Dignidad: Tolerancia cero es cero (ver PDF), que trataron de difundir un grupo de mujeres socialistas de León y que suscribieron unas 350 personas de dentro y de fuera del PSOE, y en el que denunciaban el acuerdo al que estaban a punto de llegar sus compañeros ponferradinos con el acosador de Nevenka Fernández.

Las impulsoras del texto insisten en que decidieron redactarlo 'ante la imposibilidad de discutir el asunto en los órganos internos del partido' en León, que se negaron a convocar a sus ejecutivas pese a la gravedad del tema. Explican, además, que se cercioraron de que las direcciones a las que enviaron su documento correspondían a cada uno de esos dirigentes del partido ya que pidieron los emails en la propia sede federal de los socialistas, en la calle de Ferraz de Madrid.

A última hora de la tarde de ayer, explican las firmantes del texto, ni Valenciano, ni Causapié, ni Villarrubia habían respondido a la petición de este grupo de mujeres integrantes de su propio partido que reclamaban a estos líderes socialistas la adhesión a su manifiesto en contra del pacto en Ponferrada. No obstante, el viernes por la tarde, dos días después de recibir esos correos y una vez consumada la moción de censura en la capital berciana, todos ellos salieron en tromba a exigir la renuncia de Samuel Folgueral, el alcalde elegido gracias a ese acuerdo con el partido de Ismael Álvarez. 

El único acuse de recibo al mencionado manifiesto llegó por parte de 'algún miembro del equipo' de Rubalcaba. Como publicó El Mundo en su edición del domingo, desde el correo electrónico de la Secretaría General les respondieron explicándoles que 'estos asuntos' eran competencia del secretario de Organización, Óscar López, que ayer mismo entonó su mea culpa y asumió toda la responsabilidad por haber permitido y avalado la moción de censura, para después retractarse cumpliendo así con la exigencia de Rubalcaba.  

'Por la dignidiad de la víctima y de las miles de víctimas de delitos con fondo sexista, por coherencia con nuestros principios ideológicos y por nuestra lucha continua por la erradicación de la violencia, no podemos, de ningún modo, compartir la decisión de presentar una moción de censura sustentada en el voto de un condenado por acoso sexual', decía el manifiesto que también se hizo llegar a la cúpula del PSOE leonés que tiene al frente a Celestino Rodríguez. 

'Todos se taparon los ojos ante estas palabras', denuncia Olga Palacio, miembro de la Ejecutiva del PSOE de la ciudad de León y una de las encargadas de enviar el manifiesto a los órganos federales. En declaraciones a este diario, recuerda que su texto tan sólo trataba de 'remover conciencias' entre la dirección del partido ante lo que iba a suceder en la segunda ciudad más importante de su provincia. Sin embargo, la cúpula socialista sólo reaccionó 'cuando el daño ya estaba hecho': cuando un 8 de marzo, el PSOE había conseguido un Gobierno municipal gracias al voto de un acosador.

La fuentes cercanas a la Ejecutiva federal consultadas por Público han optado por no hacer ningún tipo de declaración acerca de este asunto.

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