La Generalitat Valenciana se ha sacado de la chistera otra fórmula para dificultar que los escolares valencianos estudien la controvertida asignatura de Educación para la Ciudadanía. El presidente, Francisco Camps (del PP), ya anunció el mes de septiembre pasado que pretendía que los niños valencianos aprendieran la asignatura en inglés. Ayer, el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, puso fecha: a partir de septiembre, cuando empiece el próximo curso, se impartirá a los alumnos de segundo de ESO. En quinto de primaria se aplicará a partir del curso 2009-2010.

Font de Mora explicó que para llevar a cabo su propuesta necesitará incorporar a unos 125 profesores interinos de las especialidades de Geografía, Historia o Filosofía, que lógicamente deberán acreditar que dominan el inglés. Uno de los  sindicatos de profesores mayoritarios en la Comunidad Valenciana, STEPV, tilda la propuesta de “barbaridad”. Dudan de que haya una suficiente bolsa de maestros que cumplan todos los requisitos. A falta de que la Conselleria dé más detalles de su objetivo, surge la cuestión: ¿Cómo se puede impartir una asignatura sin profesores capacitados para ello?

Por otra parte, el conseller no explicó cómo seleccionará a los nuevos profesores interinos. STEPV avisa del peligro de que se acabe por no respetar el orden en las listas de la bolsa de trabajo de Educación. Por ejemplo, el hecho de tener que acreditar un nivel muy alto de inglés podría desplazar a los primeros puestos de la lista a maestros que están en la cola.

Alternativa evaluable
La Generalitat Valenciana marcó un pulso doble a la LOE anunciando que ofertará una asignatura alternativa “que necesariamente tendría que ser evaluable” y que “no menoscabe su proceso educativo y que cuente con la atención docente adecuada”. Pero no precisó ni qué contenidos tendrá ni en qué lengua se impartirá. “Primero deberemos perfilarla”, explicó Font de Mora.

El Gobierno valenciano prevé gastar entre 1,6 y 3,2 millones de euros en poner en marcha su iniciativa. “Depende de las diferentes alternativas”, dijo el conseller. Pese a todo, la Generalitat asegura que Educación para la Ciudadanía se pondrá en marcha “dentro de los plazos” y “respetando la normativa básica del Estado”.

Font de Mora recordó que en la Comunidad Valenciana 199 familias han objetado a que sus hijos cursen esta asignatura. La Generalitat favorecerá que la cifra aumente: establecerá un mecanismo de registro específico para que se pueda conocer el número exacto de familias que objetan. Pero, dicho esto, el conseller quiso dejar “bien claro” que no está en contra de la asignatura. “Nosotros no promovemos ni hacemos ningún tipo de iniciativa que no sea el mero reconocimiento del hecho”, aseguró.

Con sus medidas contra Ciudadanía, y pese a asegurar que respeta la LOE, la Comunidad Valenciana se ha sumado al carro del que tira Esperanza Aguirre, que la semana pasada anunció que iba a facilitar que los madrileños objetaran a la asignatura en ventanillas específicas. Madrid se escudó en que ni anima a la objeción ni deja de hacerlo, simplemente “las tramita”.

La Generalitat Valenciana ha elaborado unos informes jurídicos que concluyen que “existe suficiente respaldo jurídico para reconocer la objeción de conciencia”, según explicó Font de Mora.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reconoció ayer el derecho de una madre de objetar a Educación para la Ciudadanía. Hace dos semanas, el alto tribunal también admitió a trámite, como una posible vulneración de derechos fundamentales, el recurso de cinco padres sevillanos contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía al entender que afecta a su derecho constitucional a la libertad religiosa. La sentencia del TSJA es contraria a las que dictaron los tribunales superiores de Asturias y Catalunya con casos similares. La Fiscalía impugnará la sentencia.