El secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, han presentado la propuesta de reforma fiscal del sindicato, con la que pretenden elevar la recaudación en 45.000 millones en un periodo de dos años.

Según Toni Ferrer, la propuesta se basa en conseguir consensos políticos en tres temas concretos: la apuesta por la lucha contra el fraude fiscal, la garantía de la suficiencia de recursos y el reparto justo de la carga tributaria entre capital y trabajo.

Así, pasa por mejorar la lucha contra el fraude elevando en 14.000 personas la plantilla de la Agencia Tributaria, lo que permitiría recaudar 16.620 millones más y tendría un coste de 500 millones, por lo que el saldo neto supondría una recaudación extra de 16.120 millones. Además, este incremento de la plantilla debería suponer una mejora de la gestión y permitir el afloramiento permanente de 5.580 millones de euros, porque los ingresos totales por fraude aumentarían en 21.700 millones con esta reforma.

En el Impuesto de Sociedades, UGT propone ampliar las bases mediante la eliminación de exenciones y beneficios fiscales y teniendo en cuenta la entrada en beneficios de las empresas y la generalización del tipo del 30%. Así, habría que elevar en tres puntos el tipo efectivo desde el 19,3%, lo que aportaría 9.200 millones. Igualmente, creen que en este impuesto habría que garantizar un tipo efectivo mínimo e introducir criterios de progresividad atendiendo a las empresas o grupos de empresas de facturación elevada.

En el IRPF, UGT pide la eliminación de la doble base, la ampliación de rentas y la eliminación de las reducciones de base y deducciones, lo que generaría una recaudación extra de 10.100 millones. Igualmente, reclaman la supresión de la estimación objetiva mediante módulos y recuperar la política de deflactar la tarifa para evitar subidas del impuesto en frío por la inflación. El sindicato cree que habría que ir eliminando todas las deducciones de la renta de forma progresiva, también las del alquiler, hasta dejar el impuesto con toda su capacidad recaudatoria, ya que es más partidario de las ayudas directas por la vía del gasto.

En materia de IVA, UGT apuesta por establecer un tipo ampliado para los bienes de lujo, eliminar la exención de las actividades de sanidad y educación privada, recuperar el tipo reducido para la cultura y establecerlo para los productos higiénicos de primera necesidad y pasar los alimentos del tipo reducido al superreducido.

Por otro lado, UGT reclama la creación de un impuesto sobre las actividades financieras y diseñar una fiscalidad ambiental que equipare España a Europa tanto en su vertiente de protección medioambiental como en su capacidad recaudatoria, con criterios de cohesión social y territorial. De hecho, el sindicato cree que se podrían obtener unos 4.000 millones extras de la imposición medioambiental, recortando así la diferencia con Europa, ya que hay países como Dinamarca que recaudan el 5,7% de sus ingresos por esta vía.

Igualmente, se inclinan por aplicar la potencialidad recaudatoria del IBI eliminado las exenciones y penalizando los inmuebles vacíos, y contemplando la posibilidad de reducciones de cuota en atención a la capacidad económica del contribuyente.

Asimismo, reclaman la creación de un impuesto específico sobre la riqueza, la adecuación de los impuestos de Sucesiones y Donaciones de las comunidades autónomas y la actualización de la imposición de las haciendas locales, lo que también permitiría avanzar en el saneamiento de las finanzas. Además, piden reforzar los sistemas de asistencia y apoyo a los contribuyentes e implantar un sistema cada vez más sencillo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. De la misma forma, se inclinan por generar una cultura democrática y social de la fiscalidad incluyéndola en la Educación.

Según Méndez, se trata de una propuesta bastante completa que pretende dar un repaso al sistema tributario en general y analizar el funcionamiento de las diferentes figuras tributarias. A su parecer, la propuesta de la comisión de expertos designada por el Gobierno no sirve porque no resuelve el problema de recaudación y beneficia a las rentas altas.