UGT denuncia que el cierre de más de 7.000 oficinas bancarias como consecuencia de la reestructuración financiera ha provocado que más de 133 municipios españoles se hayan quedado sin ninguna sucursal, lo que supone la exclusión financiera de 226.340 personas. Así se pone de manifiesto en un estudio elaborado por el sindicato y publicado este lunes, en el que UGT explica que la falta de acceso a los servicios financieros representa 'un serio obstáculo para la integración económica y social de cualquier ciudadano'.

Por tanto, la exclusión financiera se convierte en una causa de exclusión social, ha añadido UGT en su informe, en el que asegura que las comunidades autónomas que han sufrido los mayores recortes de sucursales entre 2008 y 2013 han sido Cataluña (24%), Galicia (20%), Comunidad Valenciana (18%), Murcia (17,3%) y Madrid (16,5%). Asimismo, las provincias más afectadas por el cierre de oficinas han sido Orense (28,5%), Gerona (28,4%), Barcelona (24,3%), Pontevedra (21,6%), Alicante (21%), Palencia (19,9%), Tarragona (19,9%), Huesca (18,5%) y Málaga (18,5%).

En su informe, UGT recuerda que históricamente en España han sido las cajas de ahorros las que han rescatado de la exclusión financiera a muchos particulares demostrando la vocación social con la que fueron creadas. Además, añade, tradicionalmente han jugado un papel muy importante para ayudar a la cohesión social en el ámbito geográfico en el que estaban implantadas, permitiendo el acceso a los servicios financieros a la población residente fundamentalmente en los municipios rurales.

Pero, como consecuencia del importante proceso de reestructuración en que se encuentra inmerso el sector financiero, se está produciendo una significativa reducción en el número de sucursales bancarias. Esto ha provocado que el número de habitantes por oficina haya pasado de 1.024 en 2008 a 1.247 en 2013, la cifra más alta de los últimos 16 años, según UGT, que ha manifestado que a esta reducción hay que añadir la desaparición de algunas entidades que han pasado a estar integradas dentro de otros grupos bancarios.

Así, para UGT, el Gobierno tiene que garantizar un marco jurídico para obligar a las entidades a que todas las personas puedan acceder a los servicios financieros básicos. También insta al Ejecutivo a la creación de una banca pública 'potente y eficaz' que, además de facilitar y garantizar que el crédito fluya -especialmente para las pymes y las familias-, facilite el acceso de todos los ciudadanos a los servicios financieros sin exclusiones selectivas.