Los líderes de la Unión Europea (UE) han decidido mantener el rumbo fijado hace un año hacia una economía con bajo consumo de carbono a pesar de los nubarrones que se ciernen sobre el ritmo de crecimiento, la competitividad y el empleo en Europa.

La cumbre de primavera de la UE, dedicada desde hace un tiempo casi exclusivamente a hacer balance de las reformas económicas contenidas en la denominada "Agenda de Lisboa", se ha cerrado hoy en Bruselas con el compromiso unánime de seguir adelante con los ambiciosos planes de lucha contra el cambio climático.

Este programa, cuyos objetivos cifrados quedaron establecidos hace un año, lejos de constituir una mera apuesta medioambiental, representa una radical transformación de la política industrial y de las bases de la economía europea.

Como ha señalado el anfitrión de la cumbre, el primer ministro esloveno, Janez Jansa, los europeos conciben "el desafío" del cambio climático como "una oportunidad" de encarrilar su economía por una nueva vía, moderna, segura y sostenible, y de encabezar una nueva revolución tecnológica.

En Bruselas, los Veintisiete se han dado de plazo hasta finales de año para plasmar en leyes vinculantes los compromisos contraídos el año pasado por estas fechas en lo que respecta a la reducción de las emisiones contaminantes y la promoción de las energías renovables.

La UE pretende reducir en un 20 por ciento sus emisiones de CO2 (dióxido de carbono) para 2020, objetivo que podría aumentar hasta el 30 por ciento en caso de que otros países industrializados asuman compromisos similares.

Asimismo, los europeos se proponen conseguir que el 20 por ciento de la energía final consumida en 2020 proceda de fuentes renovables y usar un 10 por ciento de biocombustibles en el transporte.

Pero esta triple ecuación, "20-20-20", no está exenta de riesgos para la industria europea.

La presión de la canciller alemana, Angela Merkel, sumada a la de los dirigentes de Francia, Finlandia y otras delegaciones, ha forzado que finalmente las conclusiones aprobadas incluyan una referencia a la industria más consumidora de energía como una de las que pueden verse más afectadas por los planes de Bruselas.

Esa industria incluye, entre otras, a las siderúrgicas, las cementeras o el sector químico.

Fuentes diplomáticas indicaron que éste fue el punto que más debate ocasionó en este Consejo Europeo.

La UE reconoce que se debe analizar y abordar con urgencia la posible deslocalización de fábricas en estos sectores productivos, algo que, según Jansa, tendría un doble efecto negativo: más paro en Europa y más emisiones de efecto invernadero en otros países.

Pero los gobernantes comunitarios se han esforzado, en general, por no transmitir ninguna señal de alarma.

Han insistido en que, a diferencia de Estados Unidos, los fundamentos de la economía europea son sólidos.

Sí han admitido su preocupación por los "considerables aumentos recientes de los precios de los alimentos y la energía", que están empujando al alza la inflación.

Según la información facilitada hoy por Eurostat, la oficina estadística comunitaria, los precios aumentaron en los últimos doce meses el 3,3 por ciento en la eurozona -la tasa más alta desde que comenzó a elaborarse el Indice de Precios de Consumo Armonizado, en 1997- y el 3,4 por ciento en toda la UE.

La inflación en los países de la moneda única se aleja cada vez más del objetivo marcado por el Banco Central Europeo (2%) y se convierte en un obstáculo claro para la rebaja de tipos.

En las conclusiones del Consejo Europeo, los líderes han recordado que hay que evitar "políticas distorsionadoras que impidan a los agentes económicos introducir los ajustes oportunos".

En cualquier caso, los Veintisiete han insistido en la favorable posición de la economía europea, y en que es fundamental continuar el proceso de reformas, más aún en el actual contexto de desaceleración e incertidumbre.

Frente a las turbulencias financieras, la UE ha vuelto a apostar por la transparencia y una mejor supervisión.