La Comisión Europea denunció ayer a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por permitir a más de medio millar de instalaciones industriales emitir sustancias contaminantes sin autorización ambiental. La directiva violada por el Gobierno español, la llamada IPPC, impone a los 27 Estados miembros que sus factorías funcionen sólo con un permiso que garantice una reducción máxima de las emisiones perjudiciales. Las autorizaciones deberían haber sido expedidas antes del 30 de octubre de 2007, pero la normativa en España y otros países es, dos años después, papel mojado.

'Esto es inaceptable', aseguró ayer sobre el incumplimiento el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas. 'La Comisión adoptará medidas para garantizar que los Estados miembros cumplen sus obligaciones', amenazó. Según la directiva IPPC, las instalaciones altamente contaminantes, como las eléctricas, las refinerías de petróleo o las plantas químicas, sólo pueden funcionar si cuentan con las mejores técnicas disponibles para minimizar su impacto en el medio ambiente. Pero estas mejoras implican inversiones, así que 542 instalaciones, según fuentes de la Comisión consultadas por Público, han preferido demorar el proceso y el Gobierno les ha permitido operar sin autorización durante estos dos años.

La Comisión detectó en mayo de 2008 un 'quebrantamiento' de las leyes europeas y envió un primer tirón de orejas por escrito al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Sin embargo, España ha seguido incumpliendo la directiva y Bruselas ha decidido denunciar la desobediencia ante el Tribunal de Luxemburgo. El procedimiento podría terminar con una multa.

Fuentes del Ministerio de Elena Espinosa niegan las cifras suministradas por la Comisión. Según estas fuentes, sólo 238 instalaciones están pendientes de autorización y a otras 262 se les ha abierto un expediente 'que puede finalizar con el cierre total' de estas plantas. El Ministerio subraya, además, que la aplicación de esta ley es competencia de las autonomías y que el 88% de las 4.400 factorías sometidas a la directiva funcionan de manera legal. En países como Alemania, Reino Unido, Rumanía y Polonia todas las instalaciones operan con autorización.

España no ha sido el único país reprendido por la UE. La Comisión también ha denunciado a Grecia, Portugal, Países Bajos, Eslovenia y Dinamarca, que juntos suman un millar de instalaciones funcionando sin autorización.