Los gitanos y las comunidades nómadas son discriminados en la Unión Europea (UE) a la hora de acceder tanto a las viviendas sociales como a las de régimen abierto, según denunció hoy la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE).

Así, estos colectivos no tienen garantizado el alojamiento o acceden a viviendas en malas condiciones y, además, sufren segregación y desalojos forzosos, según lamenta la agencia en el informe comparativo sobre las condiciones de alojamiento de estos grupos en la UE, que publicó hoy dicho organismo.

La agencia alerta de que los romaníes suelen vivir en asentamientos informales, prácticamente "inhabitables", que carecen de infraestructuras básicas y de acceso a los servicios públicos, como el agua o la electricidad.

Esta situación refuerza la discriminación del colectivo, lo que dificulta su integración en el sistema educativo y en el mercado de trabajo.

Para la agencia, la segregación existe en ocasiones como resultado de decisiones de las autoridades políticas que, en casos extremos, llegan a ordenar el desalojo forzoso de viviendas municipales y de familias "que pagan regularmente su alquiler", subraya.

Las intervenciones suelen producirse sin notificación previa y pueden acarrear violencia policial y destrucción de propiedades personales, agrega el texto.

"Nuestro informe sobre la vivienda demuestra que muchas autoridades regionales y locales en la UE son reticentes a adoptar y poner en práctica políticas adecuadas de alojamiento para los romaníes", explicó hoy en un comunicado el director de FRA, Morten Kjaerum.

Por ello, instó a los Gobiernos y a las autoridades locales a que actúen con urgencia para acabar con un problema que niega el derecho de habitar en una vivienda digna .

Además, espera que las autoridades tengan en cuenta la participación activa de los romaníes y las comunidades itinerantes en la planificación, la puesta en práctica y la revisión de las políticas de alojamiento que les afectan para, de este modo, garantizar su éxito.

El documento presenta los resultados de la encuesta sobre minorías y discriminación que llevo a cabo la Agencia en Bulgaria, República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, así como buenas prácticas de varios estados miembros.

Entre los casos que el texto valora, destaca la labor del Instituto de Realojamiento e Integración Social de la Comunidad de Madrid (IRIS), que ha permitido a más de 5.000 personas encontrar empleo.

Pese a la fuerte desigualdad que constata el texto, los romaníes sólo presentaron unas 550 denuncias entre 2000 y 2009 ante los organismos de igualdad o las oficinas del Defensor del Pueblo en la UE sobre la discriminación que han sufrido.

La escasez de quejas oficiales es consecuencia de que el 70% de los gitanos, según el estudio, desconocen que existen leyes que prohíben la discriminación en el acceso a la vivienda y, además, el 71% opina que sus reclamaciones no lograrían nada.