Los ministros de Justicia e Interior de la UE acordarán hoy el programa para desarrollar un sistema de garantías procesales común a los Veintisiete, a fin de asegurar unos derechos mínimos a los acusados en procesos penales en otros países comunitarios.

El Consejo de Ministros comunitario tiene previsto dar su visto bueno a la hoja de ruta con el programa de aprobación de esas garantías, la primera de las cuales, el derecho a traducción e interpretación, se quiere aprobar antes de fin de año.

El siguiente capítulo, el derecho del acusado a ser informado de los cargos, está previsto que se apruebe durante la presidencia española de la UE del primer semestre de 2010, dijo el ministro español de Justicia, Francisco Caamaño.

La ministra sueca de Justicia, Beatrice Ask, cuyo país ejerce actualmente la presidencia de turno, reconoció a su llegada a la reunión que la UE "debería" haber aprobado estas garantías antes.

Sin embargo, recordó que los países comunitarios rechazaron hacerlo en bloque, de forma que ahora debe hacerse punto por punto, por lo que "es importante" dar hoy el primer paso.

El Consejo de Ministros de hoy tiene previsto aprobar también la llamada orden de supervisión a nivel europeo.

Esta decisión supone que un ciudadano de la UE detenido en otro país comunitario por delitos leves no tendría que estar sometido a una medida cautelar mientras espera el juicio, a fin de evitar su posible fuga, ya que su país de origen garantizará que se presente al juicio.

Con esta medida, se evitarían casos como el de los dos jóvenes españoles que en 2007 estuvieron 19 días detenidos en Letonia por ultraje a la bandera de ese país.

"Es un paso muy importante para los ciudadanos dentro de Europa", señaló Caamaño.