'Hay varias cosas positivas y me parece una buena ley'. Con estas palabras respaldó ayer el defensor del Pueblo, Enrique Múgica, las bondades de la Ley de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, que elimina la publicidad de TVE.

Para Múgica, gracias a esta norma, que ultima estos días su tramitación parlamentaria, 'la televisión pública va a tener ahora unos elementos importantes de financiación propios que harán que no esté sometida al dinero de la publicidad'. Asimismo, el defensor del Pueblo quiso dejar claro que 'la televisión pública no debe dejarse influir por los niveles de audiencia' si bien reconoce que 'la publicidad hace que las televisiones privadas sean gratuitas' y les permite tener unos niveles de audiencia importantes.

El defensor del Pueblo, que participó ayer en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, entiende por otro lado que es fundamental 'que los jóvenes tengan la posibilidad de acceder a contenidos de calidad y que no choquen con su edad'.

Sin embargo, esto no siempre es así. Aunque no quiso idenficiar cadenas o espacios concretos, el defensor del Pueblo aprovechó para denunciar que 'algunos medios emiten programas que no pueden calificarse como buenos, sino que son perversos en cuanto que se dan en el horario de protección infantil e incitan a la violencia o contienen imágenes eróticas'.

Para Múgica, ha llegado la hora de escuchar a los afectados, y por ello la institución que dirige trabaja en un estudio con UNICEF para recoger la opinión de unos 3.000 adolescentes sobre el respeto a sus derechos en televisión e Internet. 'Hay que conocer no sólo la opinión de los profesionales, sino la de los chicos para buscar una televisión más adecuada y didáctica para ellos'.

Por otro lado, la supuesta utilización de la imagen de la mujer que se da en las retransmisiones deportivas de la cadena pública centra las críticas remitidas por la audiencia a la defensora del Espectador de RTVE, Elena Sánchez, informa Europa Press. En un informe en el que se incluyen 28 correos electrónicos de ciudadanos, Sánchez apunta la necesidad de 'vigilar más estrechamente' estas emisiones.