El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha levantado la suspensión cautelar provisional que el pasado 10 de julio decretó sobre el proceso de privatización de la sanidad en Madrid, por el que el Gobierno de la Comunidad pretende externalizar la gestión de seis hospitales.
Con esta decisión, el concurso, que estaba suspendido provisionalmente desde ese día, sigue adelante.
La decisión es consecuencia del rechazo del TSJM al recurso presentado por el Partido Socialista de Madrid (PSM) para interrumpir el proceso privatizador. Considera el tribunal que el PSM no está legitimado para impugnar el proceso.
El TSJM había decidido suspender cautelarmente el proceso tras un recurso del PSM presentado ante la corrección, por parte de la Comunidad, de un error en los pliegos para introducir la palabra 'anual' en el apartado de las garantías que debían presentar las empresas. Ante ello, y según lo dispuesto en esa resolución el Gobierno regional presentó alegaciones para solicitar la retirada de la medida cautelar.
En este sentido, el Ejecutivo autonómico expresaba que la corrección favoreció la concurrencia de empresas y que el PSM no tenía legitimidad para reclamar esa medida al no ser perjudicado directo ni parte interesada en el proceso.
En su ultima comparecencia en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, el consejero Javier Fernández-Lasquetty relató sobre la cuestión de la garantía que la Comunidad optó por seguir los antecedentes administrativos que se habían dado en las concesiones sanitarias anteriores (en los hospitales Infanta Elena, Torrejón, Rey Juan Carlos) en los que se optó por una exención parcial de las garantías, al plantear un importe de 6 millones de euros, 'muy inferior' al 5% del importe total del contrato.
Al respecto, señaló que ese criterio 'no fue cuestionado ni recurrido en ninguna de las licitaciones anteriores' y, por ello, se optó en los pliegos de la ampliación de la gestión indirecta de seis hospitales se tomó la decisión de eximir parcialmente de la garantía definitiva y exigir el 5% del valor anual. Ello suponía una cantidad aproximada de 28 millones, que consideraba 'suficiente' para preservar la prestación adecuada del servicio público en caso de que pudiera haber alguna incidenca.
El PSM tiene cinco días de plazo para presentar recurso de reposición contra la decisión. El líder del PSM ha anunciado que plantearán ese recurso y pedirán la nulidad al auto de este miércoles 'porque vulnera la legalidad vigente y por no tener en cuenta el escrito que presentamos ayer argumentando y defendiendo nuestra legitimidad para defender a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid', ha afirmado Gómez en rueda de prensa.
El socialista ha asegurado que 'lo que queda pendiente es el fondo del asunto', que sigue 'en los tribunales' a través de otros recursos. 'Sobre el fondo del asunto no se han pronunciado los tribunales. El problema no es quien presenta el recurso sino el fondo del asunto', ha remarcado a lo largo de su intervención.
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