El pasado domingo, como todos los terceros domingos de cada mes, una nueva Marea Blanca, la primera de 2014, se echó a la calle. La protesta en defensa de la Sanidad Pública llegaba a su decimoquinta marcha.

Entre paraguas y prendas de abrigo, los asistentes a la manifestación marcaban su paso tras la última decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la que la externalización, según la jerga de las autoridades madrileñas, de los servicios de seis hospitales y 27 centros de salud continuaba suspendido. Lejos de celebrar nada a la espera de una sentencia definitiva, este lunes llegó un verdadero triunfo: la renuncia de la Comunidad de Madrid a su plan privatizador que deja 'sin efectos' el proceso en los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, del Sureste, del Henares y del Tajo.

La mayoría de las consignas han puesto en su punto de mira al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. El primero no ha tenido más remedio que rectificar tras la presión social y el varapalo judicial; el segundo, que tachó la Marea Blanca de irresponsable, ha dimitido.

'La Sanidad Pública no se vende, se defiende' es uno de los grandes lemas de la Marea

'La Sanidad Pública no se vende, se defiende' es uno de los grandes lemas de un movimiento heterogéneo, pacífico y que nació de forma espontánea, como el resto de las mareas. Su repercusión no sólo se ha podido apreciar en la calle. Las protestas contra la privatización sanitaria han estado acompañadas de jornadas de huelga de batas blancas, de encierros en centros hospitalarios, recogidas masivas de firmas y consultas populares e, incluso, dimisiones en masa de directores de centros de salud y de jefes de servicio de hospitales.

La Marea Blanca no se hizo mayoritaria hasta 2012, cuando González anunció el Plan para la sostenibilidad del sistema sanitario público con el que defendía su modelo de gestión privada. La Comunidad de Madrid pretendía ahorrar un total de 169 millones de euros anuales con el traspaso de la gestión hospitalaria. Sin embargo, varios expertos han desmontado la teoría sobre el supuesto ahorro y han advertido de que el ánimo de lucro está relacionado con una peor calidad de la asistencia al paciente.

Revés tras revés, la Comunidad de Madrid ha visto cómo su plan privatizador se ha ido desmoronando por momentos. Desde el euro por receta, hasta esa llamada 'externalización' de hospitales y privatización de centros salud, pasando por una de las primeras, y más importantes, batallas ganadas por la Marea Blanca: la paralización de la conversión del Hospital de La Princesa en un centro especializado en la atención de personas de la tercera edad.

Los trabajadores de La Princesa fueron los primeros en levantarse contra el plan privatizador y los pioneros en iniciar una oleada de encierros. Lasquetty no aguantó la presión y, tras varios días de negociación, la Comunidad reculó. El hospital seguirá siendo un centro de atención general que añadirá a sus funciones la especialización en mayores de 75 años.

Los trabajadores de La Princesa fueron los primeros en levantarse contra el plan privatizador

Asimismo, la adjudicación de la gestión de los seis a las empresas Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo se paralizó gracias a los recursos judiciales interpuestos por la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts). Su iniciativa fue apoyada por, entre otros, CCOO, CSIT, PSOE y UPyD. 

En el otro lado de la balanza, miles de empleados del sector sanitario han perdido su puesto de trabajo como consecuencia de los recortes en Sanidad del Gobierno de Mariano Rajoy. Algo que también contribuyó el cierre de dos centros de Salud Mental de Madrid capital, el cierre del Instituto de Cardiología o la 'externalización' de los servicios de limpieza y lavandería.  

Médicos, enfermeros, auxiliares, administrativos, pacientes. Todos ellos son la Marea Blanca. Todos ellos han continuado saliendo a la calle al menos un domingo al mes y llenando hospitales y centros de salud de pancartas. Su indignación saltó de Madrid y ha recorrido toda España. Dijeron basta, se echaron a la calle y ni el frío, ni el calor, ni la lluvia les impidió hacerse fuertes. Con sus protestas, no sólo abrieron los ojos a la ciudadanía de las consecuencias de la privatización, sino que también consiguieron un respaldo que se ha traducido en una gran masa social que les ha acompañado, altibajos incluidos, en las diferentes movilizaciones.