La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha señalado hoy a las consejerías de Sanidad de todas las Comunidades Autónomas, que "todas" están obligadas a cumplir la Ley del Aborto y que "no hay excusas", ya que disponen de toda la información necesaria desde hace "más" de tres semanas.

En declaraciones a la prensa, tras visitar el centro especial de empleo de la Fundación Juan XXIII, Jiménez ha insistido en que la Ley es "de obligado cumplimiento" y, todos "tienen que estar sometidos al imperio de esa ley".

Al finalizar sus declaraciones el presidente del patronato de la Fundación Juan XXIII se ha dirigido a los asistentes a los que les ha indicado que en su opinión el aborto "no es un derecho", a lo que la ministra de Sanidad ha respondido: "bueno, es una opinión y como todo es respetable".

"Está todo absolutamente previsto. Respecto a que los centros acreditados aún no han realizado todas las gestiones necesarias, tengo que decir que en el Reglamento que hemos aprobado hay una disposición transitoria que les indica a las Comunidades Autónomas que los centros acreditados, conforme a la normativa anterior, podrán seguir realizando intervenciones de acuerdo a la misma", ha recordado la ministra.

A su vez, ha subrayado que "no puede haber dudas. Ni para las mujeres, ni para las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, ni para los centros que estaban acreditados con anterioridad. La ley es de obligado cumplimiento y todos tienen que estar sometidos al imperio de esa ley".

Por otro lado, Jiménez se ha dirigido a las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo.

Las ha recordado que tienen que poder ejercer su derecho, y que si acuden a un centro o si van a un hospital público los profesionales y las autoridades sanitarias "tienen la obligación de prestarle el servicio o indicarle de qué manera pueden realizar la prestación".

En este sentido, ha recordado que si una mujer acude a una autoridad sanitaria en un centro público, en el plazo de diez días tiene la obligación de ofrecerle la prestación. Y si no esa mujer podrá acudir a cualquier centro acreditado y después pedir el reembolso.

A su vez, ha recordado que la ley apuesta por los centros públicos y, en el caso de que no los haya, puede haber conciertos.

Pero, ha advertido, "el hecho de que haya conciertos no merma en absoluto el derecho de prestación pública, porque el concierto exige a la Comunidad Autónoma que acredite a un determinado centro para que se realice la intervención".