El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido este jueves admitir a trámite el recurso del Gobierno central contra el decreto andaluz sobre desahucios, lo que supone la suspensión cautelar de la norma durante cinco meses, según han informado fuentes del alto tribunal.

El Gobierno anunció el 28 de junio que recurriría el decreto andaluz, que prevé expropiaciones de viviendas, y sanciones económicas a propietarios jurídicos de inmuebles vacíos que no se pongan en alquiler, previo informe del Consejo de Estado, que el pasado 4 de julio dio la razón al Ejecutivo al considerar que existen 'fundamentos jurídicos' para la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el decreto y contra los cambios que introduce en el artículo 1.3 de la Ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, había adelantado que el Gobierno entiende que la norma andaluza 'afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y establece una regulación contraria al principio igualdad'.

En el mismo sentido, detalló que 'en la regulación de los derechos por ella afectados es necesario que exista una norma de carácter general y estatal para garantizar la igualdad' e indicó que 'además de los razonamientos que ha manifestado la Unión Europea y su preocupación por la norma', el Gobierno ha analizado el respeto a la normativa constitucional. 'Ese es el único fundamento que sirve para un recurso de inconstitucionalidad', añadió

Desde que el decreto de la función pública de la vivienda entró en vigor el 12 de abril, la Junta de Andalucía ha iniciado los expedientes de expropiación temporal de doce viviendas a los bancos: cuatro para familias de Málaga, dos de Granada, dos de Huelva y uno de Sevilla y de Cádiz, según la Consejería de Fomento y Vivienda.

También ha defendido la constitucionalidad de una norma que, según palabras de la Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, tiene 'legalidad jurídica plena' y un 'respeto escrupuloso al Estatuto de Autonomía andaluz y la Constitución español'.