El Tribunal Constitucional debe resolver antes de la próxima medianoche, cuando está previsto que comience la campaña electoral para los comicios municipales del 22 de mayo, el recurso de Bildu contra la sentencia del Tribunal Supremo que ha prohibido a la coalición concurrir a las elecciones.

El Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer a trámite el recurso de Bildu contra la sentencia de la sala del 61 del Tribunal Supremo y dio traslado del mismo a la Fiscalía y la Abogacía General del Estado para que presenten alegaciones antes de que vuelva a reunirse la sala para deliberar sobre el fondo del asunto y decidir si lo eleva al pleno.

En la reunión de hoy, la sala estudiará también otro escrito presentado por Bildu, en el que la coalición plantea la recusación de uno de los seis magistrados que intervienen en las deliberaciones, Francisco José Hernando, que además ha sido nombrado por el TC ponente de la sentencia.

Hernando fue nombrado magistrado del Constitucional el pasado mes de diciembre a propuesta del PP, y desde 2001 a 2008 fue presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo.

Como presidente del TS, este magistrado presidió también durante esos años la sala del 61 de este tribunal que, desde que en 2003 se se aprobó la Ley de Partidos Políticos, ha ilegalizado varias formaciones políticas de la izquierda abertzale y ha anulado cientos de candidaturas electorales por su vinculación con Batasuna y ETA.

Antes de conocer la decisión del TC, en nombre de Bildu, Oskar Matute, dirigente de Alternatiba, ha afirmado que el Constitucional tiene ahora la oportunidad de decidir "si apuesta por una justicia libre e independiente o decide someterse a la tutela compartida que PP y PSOE hacen de los tribunales".

Matute es uno de los portavoces de Bildu que han comparecido en rueda de prensa en Bilbao para dar a conocer un manifiesto en el que este grupo muestra su "más profundo rechazo" a la decisión del Supremo, que considera "estrictamente política", carente de "la menor base legal" y "prueba inequívoca de la grave involución política" que se vive en España".

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha señalado que el Gobierno respetará lo que decida el TC, que "será bueno en todo caso", y ha negado que existan dos corrientes de opinión en el PSOE sobre Bildu, pero el portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha expresado su "convencimiento" de que EA y Alternatiba son partidos democráticos y "no están al servicio de ETA".

En la misma línea, la consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha subrayado que "no comparte" la resolución del Supremo y se ha alineado "claramente" con las tesis de los seis magistrados discrepantes con el fallo.

También el eurodiputado de IU Willy Meyer ha considerado "inadmisible" la decisión del Supremo y ha opinado que si el Constitucional finalmente confirma esa sentencia, el Tribunal de Derechos Humanos de Europa dará un "varapalo" a la justicia española.

La dirección del PNV, encabezada por su presidente, Iñigo Urkullu, se ha reunido esta mañana con los portavoces de Bildu, una cita en esta coalición ha pedido a los nacionalistas su apoyo y su presencia en las concentraciones que van a realizar mañana y el viernes.

Además, el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, se ha reunido con el presidente de la Cámara Baja, José Bono, para trasladarle que la ejecutiva de su partido está "muy molesta" por la anulación de las listas de Bildu, hasta el punto de que, si no concurre el 22-M, la suspensión del apoyo de su partido al Ejecutivo podría ser definitiva.

Las direcciones nacional y vasca del Partido Popular creen que estas tensiones PSOE-PNV les pueden beneficiar electoralmente en Euskadi y la presidenta del Parlamento Vasco y vicesecretaria general del PP vasco, Arantza Quiroga, ha denunciado presiones políticas al Constitucional procedentes tanto del Gobierno autonómico como del que preside Rodríguez Zapatero.

La misma opinión sostiene la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), mientras la diputada de UPyD, Rosa Díez, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que actúe contra Margarita Uría, vocal de este órgano, por sus declaraciones sobre la sentencia del Supremo, que considera "inapropiadas".

Uría dijo este martes que no compartía la decisión mayoritaria del Supremo porque se basa "en la sospecha y el recelo".

Ante este debate, el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, ha pedido que se deje trabajar a los tribunales "en condiciones" y "con toda y absoluta tranquilidad", porque los ritmos de la justicia no son los de la política