Los niños estudian en euskera, sus vecinos reciben la atención sanitaria especializada y urgente en localidades vascas y la ciudad más cercana con la que mantienen los principales vínculos comerciales culturales es Vitoria-Gasteiz, la capital administrativa del País Vasco. Sin embargo, el Condado de Treviño, una isla burgalesa en medio de Álava, sigue formando parte de la provincia de Burgos y sus tributos y obligaciones siguen estando administrados por la comunidad de Castilla y León. 

Por todo ello, los dos municipios del enclave -Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón- han debatido este viernes sendas resoluciones en las que muestran su determinación de convertir en realidad jurídica y política lo que ya consideran que es real de facto. Quieren que su pequeño territorio de 279 kilómetros cuadrados y 1.900 habitantes forme parte del País Vasco de una vez por todas para acabar con la realidad feudal que se remonta a siglos pasados y que quedó atada y bien atada durante el franquismo. 

En el municipio de Condado de Treviño la votación de la moción ha tenido lugar a las 12.00 horas del mediodía y según han informado fuentes del consistorio a Público, ha sido avalada por 6 de los 9 concejales del consistorio. A favor han votado los dos ediles de Agrupación Electoral Independiente del Condado de Treviño de la que forma parte el alcalde, Ignacio Portilla, los dos concejales de la Agrupación Ciudadanos Condado de Treviño, y los únicos representantes tanto del PNV como de Bildu. Mientras tanto, los tres concejales del PP se han abstenido.

Algo similar ha sucedido en en La Puebla de Arganzón. Los cinco concejales de la Agrupación Electoral Independiente La Puebla de Arganzón han votado a favor mientras el único edil del PP se ha abstenido.

'Si estamos vinculados a Álava, si estamos a 15 kilómetros de Vitoria, si la cercanía social y cultural la tenemos con esa ciudad y los servicios nos los prestan ellos, lo lógico es que administrativamente normalicemos esa situación', explica el alcalde de Condado de Treviño en declaraciones a este diario. Portilla considera especialmente necesario que la situación del condado se normalice cuanto antes 'por la situación política y económica' que se ha vuelto más inestable en los últimos años. 

Han sido numerosas las ocasiones en las que los habitantes de ese pequeño y particular enclave han querido decidir acerca de su pertenencia a un territorio u otro, siendo siempre más las fuerzas políticas del condado que han apoyado la anexión al País Vasco que las que han abogado por su permanencia en Castilla y León. La verdadera división es la que existe entre esas dos comunidades. Todos los partidos vascos apoyan la anexión mientras que todas las formaciones castellano leonesas la rechazan, a pesar de que compartan siglas en uno y otro lugar. 

No obstante, Castilla y León se encargó de blindar el marco actual en su propio Estatuto de Autonomía de 1983. Para la segregación establece cuatro condiciones que aparecen con el siguiente orden en el texto autonómico: que los ayuntamientos interesados formulen una 'solicitud de segregación' como la aprobada hoy, adoptada 'con el voto favorable de las dos terceras partes' del pleno y con mayoría absoluta; que la provincia afectada -en este caso Burgos- y la comunidad realicen unos informes a favor de esa segregación; que se consulte a sus habitantes a través de referéndum; y que, finalmente, lo aprueben las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica.

El primer requisito ya se ha consumado este viernes. El tercero podría llegarse a cumplir visto el resultado de las votaciones en los plenos. Pero el segundo y cuarto punto parecen inbloqueables a tenor de las declaraciones efectuadas por las autoridades castellano leonesas en las últimas semanas. El pasado diciembre, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, no podía ser más tajante: 'Treviño es de Castilla y León'. 

No obstante, Portilla asegura que los informes jurídicos del municipio han encontrado otra vía de solución 'que es negociar directamente con Madrid'. Además, insiste en constituiría una distorsión de la realidad cualquier informe que elaboraran las administraciones castellano leonesas en contra de la anexión ante las 'evidentes vinculaciones' de Treviño con el País Vasco.