Hasta tres testigos de las redadas racistas a inmigrantes han acudido esta mañana a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Madrid para constatar ante la juez la persecución policial tanto al colectivo de extranjeros como a las organizaciones que denuncian estas prácticas.

La vista oral, que ha comenzado cerca de las 12.00 horas del mediodía, se ha celebrado con motivo de la demanda que las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH) interpusieron en septiembre contra la Delegación del Gobierno de Madrid por 'vulneración de derechos fundamentales'. En colectivo, que se dedica a documentar y visibilizar los controles de identificación de extranjeros por motivos raciales a través de la observación directa en la calle, elevó la demanda por el 'acoso y las sanciones' que sus miembros 'vienen sufriendo' por parte de la policía y del órgano liderado por Cristina Cifuentes.

En concreto, la denuncia se remite a los hechos ocurridos el 21 de diciembre de 2010 cuando Christian Alonso, miembro de las Brigadas, fue identificado y sancionado por la policía mientras observaba y documentaba una redada en la madrileña plaza de Lavapiés. Según han coincidido en señalar los tres testigos (dos vecinas del barrio y otro miembro del colectivo) los agentes se acercaron hasta Alonso y le pidieron la documentación sin que se hubiera producido ningún altercado ni insultos por parte del brigadista.

'Genera bastante miedo la sensación de que te estén presionando y criminalizando por algo que es perfectamente legal, como la defensa de los derechos humanos', ha declarado Teresa Villanueva, una de las testigos, ante la juez en una audiencia abierta al público y en la que el Ministerio Fiscal no se ha presentado.

'Desconocemos los motivos de la ausencia, pero demuestra bastante desinterés. Personalmente no me parece lo más adecuado', ha manifestado a Público la abogada del demandante, Nerea García.

Desde finales de 2009, las Brigadas han acumulado multas por valor de 3.500 euros

Desde que comenzaron a denunciar las redadas racistas a finales de 2009, las Brigadas han tenido que enfrentar sanciones económicas por un valor equivalente a 3.500 euros y una denuncia penal de la que finalmente fueron absueltos.

En su demanda, Las BVODH consideran que se han violado los derechos de libertad de expresión, de asociación y el derecho a una tutela judicial efectiva basada en el uso de medios de prueba pertinentes y la defensa de la presunción de inocencia.

El Ministerio Fiscal no se ha presentado en la celebración de la vista oral

Por su parte, la Delegación de Gobierno ha presentado dos escritos de contestación en los que, según García, reconoce que existen fallos en el procedimiento pero defiende que la sanción interpuesta a Christian Alonso no vulnera ninguno de los derechos fundamentales denunciados.

La resolución de la juez debería emitirse legalmente dentro de los cuatro o cinco días siguientes, pero es poco probable que se conozca hasta septiembre, dado el retraso en los juzgados y el cese de actividad en el mes de agosto.