El catálogo de fármacos elaborado por la Xunta de Galicia queda suspendido después de que el Tribunal Constitucional haya admitido hoy a trámite el recurso del Ministerio de Sanidad en contra de la ley del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP), en vigor desde el 3 de enero. La decisión Tribunal disgustó al Gobierno gallego, que acusa a José Luis Rodríguez Zapatero de ser el 'único culpable' y de actuar 'en contra de los intereses de los gallegos'.
El Ejecutivo central argumentó el mes pasado el recurso por considerar que 'invade las competencias del Estado' y 'recorta derechos' a los ciudadanos de esa comunidad, una argumentación que el Consejo de Estado avaló al estimar que el listado 'rompía la igualdad de los españoles en el acceso a los medicamentos'.
La conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, anunció la decisión del Ejecutivo gallego de presentar alegaciones. 'El criterio de elección del fármaco más eficiente no lo puede paralizar ningún Gobierno', manifestó. Desde el ministerio de Sanidad se emplazó a la Xunta a 'seguir con el diálogo para buscar la fórmula que adecue la normativa autonómica a la legalidad vigente'.
La providencia del Alto Tribunal llegó sólo un día después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechazara la suspensión cautelar de la norma, tal y como habían requerido desde la Federación de Farmacias gallegas.
La secretaria de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez, expresó su 'satisfacción' por la admisión del recurso porque el catálogo 'recortaba a los gallegos el derecho a acceder a los mismos fármacos que el resto de ciudadanos'. Desde el BNG, formación que dio su voto favorable al catálogo de fármacos, la portavoz de Sanidad, Ana Luisa Bouza, consideró que la suspensión 'perjudica gravemente a los pacientes gallegos porque van a ver modificada su medicación dos veces en menos de un mes'.
La conselleira llamó a la responsabilidad para que se demanden medicamentos genéricos y los médicos prescriban la alternativa más eficiente 'con orgullo de saber que gracias a ellos Galicia está dando un ejemplo'. Con el reglamento suspendido, el Ejecutivo gallego pretendía ahorrar 100 millones, al obligar al farmacéutico a expedir el fármaco más barato del mercado.
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