La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha rechazado la indemnización de 299.564 euros que Iberdrola había reclamado a Endesa por los daños y perjuicios que, a su juicio, le ocasionó la suspensión cautelar de la opa de Gas Natural decidida por esta misma instancia en abril de 2006.

El alto tribunal considera que "no ha lugar" a la indemnización solicitada por Iberdrola el pasado 12 de julio al entender que "no hubo mala fe" ni "abuso de derecho" por parte de Endesa al recurrir ante el Supremo el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autorizó la operación, según un auto fechado el 29 de octubre dado a conocer hoy.

Iberdrola, que firmó un acuerdo de compraventa de activos con Gas Natural supeditado al éxito de la opa sobre Endesa, reclamaba esta indemnización por los honorarios extraprocesales, es decir por asesoramiento jurídico, que tuvo que afrontar a raíz de la suspensión.

En la indemnización solicitada, añadía la eléctrica, no se incluían los honorarios abonados en concepto de "representación y defensa".

El Supremo considera que, si los gastos obligados de representación y defensa procesal "no han sido objeto de una condena en costas", sería "extravagante" que Endesa tuviera que afrontar estos gastos de asesoramiento que Iberdrola decidió contratar.

Por otro lado, el Supremo desestima que Endesa y Gas Natural aporten todos los pactos y acuerdos comunicados el pasado mes de julio por los que pusieron fin a su batalla judicial, tal como pedía Iberdrola en un escrito adicional presentado el 3 de septiembre, según consta en el auto del Supremo.

En este sentido, el Supremo considera que estos documentos, relacionados con el acuerdo alcanzado entre Gas Natural y Endesa para poner fin a sus litigios en torno al proceso de opa, no reportarían nada útil.

En ese escrito adicional, la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán solicitaba "todos los pactos, acuerdos, protocolos y contratos" así como información de "las personas que intervinieron en los mismos" y las "contraprestaciones acordadas entre ellas".

El 3 de febrero de 2006, el Consejo de Ministros autorizó la opa de Gas Natural sobre Endesa, aunque estableció una serie de condiciones.

Dos meses y medio después, el 21 de abril de 2006, el Supremo decidió, a petición de Endesa, suspender de forma cautelar la decisión del Gobierno, con lo que la opa quedó paralizada.

Finalmente, el 23 de enero de 2007 el alto tribunal optó por levantar la suspensión cautelar a petición de la eléctrica presidida entonces por Manuel Pizarro.

Iberdrola tiene aún pendiente la resolución de un escrito presentado ante el Juzgado Mercantil número tres de Madrid, en el que reclama a Endesa 144 millones en concepto de indemnización para compensar los daños y prejuicios ocasionados por la paralización de la opa.

Al igual que ocurrió con el Supremo, el 21 de marzo de 2006, el Juzgado Mercantil número tres de Madrid ordenó suspender de forma cautelar la tramitación de la opa.