El Tribunal Supremo ha emplazado a la Fiscalía y a los querellantes contra Baltasar Garzón por declararse competente para investigar las desapariciones durante el franquismo para que formulen alegaciones sobre el recurso del juez de la Audiencia Nacional contra el auto del tribunal que rechazó archivar la causa.

En una providencia, notificada hoy, el magistrado instructor, Luciano Varela, da traslado a la Fiscalía y a los querellantes -el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las Jons- del recurso de Garzón y les da un plazo de cinco días para que aleguen lo que estimen oportuno.

El pasado 4 de febrero el Supremo rechazó archivar esta causa en un auto en el que Varela asegura que Garzón "decidió conscientemente ignorar u orillar" la Ley de Amnistía al declararse competente para investigar las desapariciones y dice que hay motivos para juzgarle, lo que decidirá una vez que este auto sea firme.

Según fuentes del Alto Tribunal, las alegaciones que efectúen las partes serán remitidas a la Sala de lo Penal del Supremo, que será la que resuelva sobre el recurso.

Por su parte, el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, considera en su recurso insostenibles y sin fundamento jurídico los argumentos del auto de Varela y pide la práctica de nuevas diligencias, entre ellas la declaración de varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que, de algún modo u otro, han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad.

Garzón tiene diez días de plazo para formular alegaciones ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que este órgano decida si le suspende provisionalmente de sus funciones al tener dos causas abiertas en el Supremo.

La otra es en relación con los cobros recibidos del Banco de Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York.

El juez tiene otro frente abierto en el Supremo, una querella del abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez por ordenar la grabación de las conversaciones que varios imputados en el 'caso Gürtel' que estaban en prisión mantuvieron con los letrados de su defensa, sobre la que aún no ha decidido la Sala de lo Penal.