El vicepresidente del Gobierno canario y líder del PP en las islas, José Manuel Soria,  compareció este lunes de nuevo ante el Tribunal Superior de Justicia, en este caso para responder como imputado a una denuncia por calumnias e injurias interpuesta por el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Soria acusó en su día a la Policía de participar en una supuesta persecución política contra su persona.

Acompañado del mismo letrado que le defendió en el denominado caso Salmón, Soria evitó, a su salida del Tribunal, hacer declaraciones a los medios de comunicación. Una hora más tarde, su compañera de partido, diputada regional y presidenta del PP insular de Gran Canaria, María Australia Navarro, comparecía por el mismo asunto. El juez de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el magistrado Fernando de Lorenzo, no tomó medidas cautelares.

Casi dos meses después de que se produjera el archivo del caso Salmón, en el que se acusaba a José Manuel Soria de cohecho por haber aceptado un viaje en avión a Noruega invitado por un empresario turístico que logró vía libre para un proyecto en principio vetado, el vicepresidente del Gobierno se las ve de nuevo con la Justicia. Mientras se investigaba aquel supuesto caso de cohecho, la jueza instructora, Margarita Varona, encargó a la Policía una serie de informes sobre las cuentas de Soria y las facturas que aportó para demostrar que no viajó gratis.

Una vez que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal presentó el informe y la jueza Varona llamó a declarar a Soria para contrastar sus resultados, el líder conservador convocó una rueda de prensa en la que descalificó su resultados al tiempo que aseguró que la Policía trabajaba “por orden” del Gobierno socialista y que se estaba intentando alargar el proceso judicial para perjudicarle. Usó además términos como “falsedades e incongruencias” para definir el informe policial.

Días más tarde, su compañera de partido y diputada regional María Australia Navarro insistió en esa tesis al tiempo que salió en defensa de su jefe de filas por ser un “valiente” y haber demostrado “documentalmente” las “falsedades, mentiras e insidias” contenidas en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica.

Estas manifestaciones provocaron la presentación de una denuncia por parte del secretario general  del SUP en Canarias, Enrique Pérez Ramos, quien siempre ha dejado claro que “una simple disculpa por parte del presidente del PP” habría sido suficiente para que retiraran esta medida.

Soria se basó en algunos errores contenidos en el informe para descalificarlo y, de paso, denunciar que estaba siendo objeto de una persecución política. Así, subrayó que el dossier detectaba pagos suyos en la urbanización Anfi del Mar con una tarjeta de crédito de una entidad bancaria en la que no tenía ahorros. Y es que la Policía había incorporado al informe los recibos de un datafono desde el que se hicieron los pagos correspondiente a una entidad de ahorro diferente.