La previsible imputación del ex tesorero del PP Luis Bárcenas por un presunto delito electoral cometido en Valencia durante las elecciones municipales de 2007 ha infligido a la cúpula nacional del PP un golpe inédito hasta ahora en el caso Gürtel. Porque de todos los delitos que se atribuyen a Bárcenas, que ya era sospechoso de blanqueo y fraude a Hacienda, sólo el electoral pudo cometerlo no a título particular sino precisamente por su condición de administrador general del partido.

En un país cuyo Código Penal sigue sin tipificar la financiación ilegal, el delito electoral aparece aquí como uno de los de mayor calado político: porque su comisión no perseguía engrosar las cuentas privadas de nadie sino las del partido cuyos dirigentes supuestamente lo perpetraron.

Es ese delito electoral el que compromete de modo drástico al conjunto del equipo de Mariano Rajoy, bajo cuyo mandato Luis Bárcenas presentó ante el Tribunal de Cuentas la contabilidad de los comicios locales de 2007. A diferencia de lo que sucede con las elecciones autonómicas, donde los partidos presentan sus cuentas propias en cada comunidad, en las municipales hay una sola cuenta estatal por cada formación política. Y eso significa que la responsabilidad recaerá sobre Bárcenas en lo penal y la ejecutiva nacional del PP en lo político si, tal como sostienen Anticorrupción y el juez Pedreira, el partido pagó en Valencia gastos de la campaña municipal con dinero negro y permitió que la red corrupta endosara facturas electorales a empresarios afines a los conservadores.

El artículo 149 de la Ley Electoral (Loreg) no ofrece dudas: se arriesgan a penas de hasta tres años de cárcel los administradores generales 'que falseen las cuentas, reflejando aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables'. Justamente, lo que, según los investigadores del caso Gürtel, ocurrió en Valencia.

Según el PP, la dirección nacional está libre de polvo y paja dado que resulta imposible 'vigilar cada acto de unas elecciones municipales', aducen fuentes del partido. 'Si te acreditan con facturas que han gastado cinco pero en realidad han gastado ocho, no hay manera de saberlo', añaden los portavoces oficiales de los conservadores.

Ese argumento desbarata el estribillo repetido estos días por la derecha mediática: que el Tribunal de Cuentas consagró la limpieza de las cuentas del PP y que, por tanto, el auto de Pedreira no se sostiene. Pero el Tribunal de Cuentas, como ocurrió con la Sindicatura de Comptes en Valencia en lo concerniente a las elecciones autonómicas, sólo verificó si los documentos presentados se ajustaban a la ley. Y resulta obvio que el Partido Popular no comunicó al tribunal ni los pagos en negro ni las facturas falsas endosadas a terceros.

Aquella doble campaña municipal y autonómica evidenció un despliegue de medios sin parangón: aluvión de actos, aluvión publicitario y aluvión de merchandising electoral en la carrera por el voto.

Pero, a tenor de la versión oficial del PP, a nadie en la sede central del partido llamó la atención aquella demostración de poder económico en una comunidad donde el límite legal de gasto para ambas campañas se había fijado en 1.634.348 euros, según se desprende de los informes del Tribunal de Cuentas y corroboran los técnicos en contabilidad consultados por Público.

El gasto real, y así lo acreditan los informes policiales y de Hacienda , fue muy superior: en las dos campañas simultáneas, el PP habría ocultado a Hacienda 2,5 millones de pagos en dinero negro. Y habría aceptado que la red corrupta endosara a empresarios afines facturas electorales por 376.000 euros. En otras palabras, se nutrió de fondos que duplicaban lo permitido por la legislación electoral.

Tras constatar los indicios de ilegalidad referentes a 2007, el juez investiga ahora si el PP cometió otro delito electoral en las elecciones generales de 2008. Cuando el auto de Pedreira se conoció el miércoles, fuentes oficiales del PP aseguraron que Bárcenas continuaba siendo el administrador general del partido en esa campaña.

El viernes, portavoces del partido corrigieron esa información para precisar que el cargo de administrador correspondió en aquella campaña a Cristóbal Páez. Fue Páez quien sustituyó de manera interina a Bárcenas como tesorero del PP mientras el ex senador permaneció temporalmente apartado de su responsabilidad interna. Bárcenas cesó definitivamente como tesorero en abril. Lo relevó el ex ministro José Manuel Romay Beccaría.