El ministro español de Economía, Pedro Solbes, señaló hoy que el Tribunal de Justicia de la UE debe interpretar y clarificar cuáles son los límites legales que tienen los Estados para pronunciarse e imponer condiciones en determinadas operaciones empresariales y que se apliquen a todos por igual.

En una entrevista con TVE, Solbes indicó que España mantiene con la Comisión Europea "un debate importante" sobre este aspecto, ya que el reglamento de fusiones comunitario permite a los países imponer condiciones a las compañías afectadas por cuestiones estratégicas o que afecten a la seguridad del suministro.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera que esta cuestión del reglamento "prácticamente no tiene ninguna importancia", mientras que España considera que sí, explicó.

En esta situación, es el Tribunal quien debe decir si los Estados pueden o no imponer este tipo de condiciones, cuestión que en opinión del titular de Economía es "muy importante no sólo para España sino para el resto de países miembros".

Solbes cree que la posición de la Comisión Europea apuesta por un modelo mas abierto, con el que se mostró de acuerdo, pero puntualizó que hay que empezar por "clarificar" el espacio energético europeo.

La CE denunció a España ante los tribunales europeos por aprobar una ley que permitió a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) pronunciarse e imponer condiciones a la opa de E.ON sobre Endesa, y ha abierto procedimiento por todas las decisiones que se han adoptado en aplicación de esta normativa.

Ayer el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por no retirar las condiciones impuestas a E.ON, pero no evaluó si las medidas legales que ampararon los requisitos exigidos a la compañía alemana son compatibles o no con la legislación comunitaria.

Solbes dijo que el Gobierno acatará esta sentencia.

La CE ha actuado contra España de la misma forma por las condiciones acordadas para Enel y Acciona, compañías que finalmente compraron Endesa.

España ha solicitado a Bruselas que suspenda la aplicación de este procedimiento hasta que el Tribunal de la UE se pronuncie sobre la legislación en la que se apoyan todas estas decisiones.

El ministro indicó que en Europa existen dos tendencias, una más liberalizadora, representada por el Reino Unido y los países escandinavos, y otra protegida con presencia de grandes empresas publicas y privadas, en el que estaría Francia.