Un interventor de la Sindicatura de Cuentas catalana investiga, desde diciembre de 2008, las irregularidades detectadas un año antes por este órgano fiscalizador en las cuentas de 2003 del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. El interventor fue nombrado a instancias del Tribunal de Cuentas después de que, en mayo de 2008, la Sindicatura le remitiese el informe que daba cuenta de esas deficiencias, el mismo que pasó desapercibido en el Parlament.

Las irregularidades en materia de concursos, cobro de impuestos y personal (que constataban una gestión como mínimo poco pulcra del detenido en la operación Pretoria, el alcalde socialista Bartomeu Muñoz), no tenían que ver con el caso de corrupción que investiga Baltasar Garzón, pero su inspección hubiera facilitado llegar hasta él.

El Parlament recibió ayer duras críticas de algunos medios e hizo autocrítica a través de PP y de ERC, que apostaron por hacer un seguimiento más riguroso y exhaustivo de las decenas de informes que envía la Sindicatura, para evitar que no se tengan en cuenta denuncias como la presentada sobre Santa Coloma o las irregularidades contables en el consorcio del Palau de la Música.

En paralelo, la mesa y los portavoces de la comisión de la Sindicatura emitieron por unanimidad una nota de prensa recordando que, ante este tipo de informes, es competencia de los ayuntamientos y no de la Cámara catalana abrir diligencias. De hecho, los grupos municipales de Santa Coloma (PSC, ICV, PP y CiU) también lo recibieron.

El Parlament recibió ayer duras críticas de algunos medios

El miércoles, miembros del Govern habían echado en cara a la Sindicatura no haber insistido más en las irregularidades u optado por llevarlas ante la Fiscalía. Ante tal reproche, fuentes del órgano fiscalizador aseguraban que, con los medios que tienen, 'es difícil determinar si una irregularidad es delito'. 'Pero si se detecta y es flagrante, evidentemente se llevaría a la Fiscalía', añaden.

El interventor nombrado por la Sindicatura se ciñe en sus trabajos a la contabilidad del año 2003 y no puede abrir pieza separada o estudiar el resto. Una vez acabe su tarea ('que se puede dilatar en el tiempo') la enviará al Tribunal de Cuentas, que deberá adoptar las medidas correctoras pertinentes para 'recuperar el dinero perdido'. En el mejor de los casos, eso pasará siete años después.

No todos los grupos dieron en 2007 por buena la gestión de Muñoz en base al informe que el 2 de agosto remitió a la Cámara la Sindicatura. El 4 de octubre de 2007, CiU pidió que compareciera uno de los síndicos (son nombrados a propuesta de los partidos) para informar. Pero el interés se desvaneció y, ante la saturación de temas a tratar en el orden del día y lo desfasado del informe, decidió retirar su petición sin que nadie se quejara.

Manuela de Madre apareció 48 horas después. Tras guardar silencio ante la detención de su sucesor en la Alcaldía de Santa Coloma, la carismática vicepresidenta del PSC y alcaldesa durante 11 años se mostró visiblemente afectada. Evitó poner “la mano en el fuego” por Bartomeu Muñoz y los otros dos detenidos con carné del PSC, a quienes ella promocionó políticamente en el Ayuntamiento. Aseguró estar “sorprendida, triste, apenada y desolada”.

De Madre aseguró que los acuerdos sospechosos se produjeron entre 2005 y 2007. Ella ya no estaba en el Ayuntamiento. Quien sí estaba era su marido, Antoni Fogué, que es concejal en Santa Coloma y presidente de la Diputación. Fogué, el elegido del PSC para relevar a Muñoz, también apareció ayer por primera vez para asegurar que “adoptará medidas”. Muñoz es aún vicepresidente de la Diputación.Por su parte, el segundo de CDC, Felip Puig, muy vinculado a los Pujol, se confesó “profundo admirador” de los detenidos Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.