Socialistas y conservadores elogiaron el tono 'constructivo' de las intervenciones de los representantes de la patronal y sindicatos, invitados con carácter excepcional a la Conferencia de Presidentes, pero de nada sirvió para acercar las posiciones de los dirigentes políticos. De hecho, el resultado fue el contrario al que reclamaron, ya que los agentes sociales coincidieron en destacar que la 'responsabilidad mayor' de la Conferencia era 'trasladar confianza a los ciudadanos y hacer un esfuerzo concertado de todas las administraciones públicas', entre otras cosas porque el gasto se reparte prácticamente al 50% entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y éstas tienen las competencias sobre las políticas activas de empleo.

Los agentes sociales enjuiciaron positivamente, aunque desde distintas perspectivas, el compromiso asumido por Zapatero de presentarles en enero 'una propuesta de medidas laborales que incluyan el fomento del uso de la reducción de jornada, la revisión de la política de bonificaciones a la contratación, el refuerzo de los Servicios Públicos de Empleo y la mejora general de la intermediación laboral, la reducción de la dualidad y la tasa de la temporalidad y medidas efectivas para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres'.

El Gobierno también se ha comprometido a proponer medidas que favorezcan 'una mayor y mejor utilización de los contratos formativos por las empresas y por los trabajadores, incluida la mejora de su protección de Seguridad Social'.

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, al que acompañó el de Cepyme, Jesús Bárcenas, calificó de 'imprescindible' la reforma laboral, que sindicatos y empresarios deberían alcanzar antes de finales de marzo, según el plazo fijado por Moncloa.

Los secretarios generales de UGT y CCOO, para quienes la patronal, cuando habla de reforma laboral, quiere decir 'abaratamiento del despido', defendieron cambios en la regulación del mercado de trabajo, pero no para precarizar el empleo, sino para acabar con 'la dualidad' existente.

Y la vicepresidenta económica, Elena Salgado, abogó por alcanzar un acuerdo en materia de empleo, aunque sin entrar a negociar una posible penalización de los contratos temporales. 'Hoy no se trata de eso, de penalizar o no la temporalidad', dijo, aunque por la mañana el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, había defendido medidas que penalicen este modelo de contratación para impulsar la estabilidad.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, subrayó que es 'muy urgente emprender un programa para mejorar la cualificación y para la recuperación del empleo juvenil'. A este respecto, José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía y ex ministro de Trabajo, expresó su preocupación ante el hecho de que, a pesar de los millones de parados, el mercado de trabajo va a demandar empleos para los que no hay suficiente cualificación, lo que exige extremar la atención en la formación.

A su vez, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, pidió mejorar la renta activa de inserción en colaboración con los gobiernos autonómicos, reformar la regulación de los ERES para 'sustituir la cultura del despido por la del mantenimiento del vínculo entre los trabajadores y las empresas', y advirtió del riesgo de retirar los estímulos fiscales antes de tiempo.

El presidente de la CEOE, según asistentes a la reunión que se celebró a puerta cerrada, reclamó también una reducción de impuestos a las empresas y de las cotizaciones a la Seguridad Social.

El presidente Zapatero, en su comparecencia ante los medios de comunicación, contrapuso la actitud 'responsable' de los agentes sociales a la de los presidentes autonómicos del PP y subrayó la existencia de 'una voluntad mayoritaria de mantener el diálogo social como un bien básico y una gran palanca para la recuperación económica y la creación de empleo'.