El Senado mexicano acordó hoy crear una comisión que revise las leyes migratorias y trabaje en una estrategia que "combata la indolencia, la corrupción y la complicidad de quienes tienen como responsabilidad conducir el tema migratorio".

Durante el primer día de sesiones en el segundo periodo de la 61 legislatura, senadores de diversas fracciones parlamentarias acordaron crear una comisión para analizar los derechos humanos y laborales de los inmigrantes, principalmente latinoamericanos que atraviesan la frontera sur de México.

Tras condenar la masacre de 72 indocumentados ocurrida el 24 de agosto pasado en el municipio de San Fernando, estado de Tamaulipas, los senadores acordaron pedir un informe a las autoridades mexicanas sobre la política migratoria del país.

El acuerdo senatorial, promovido por el legislador Adolfo Toledo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), considera necesario prevenir otra tragedia como la del estado de Tamaulipas.

Lo ocurrido podría repetirse "muchas veces si el Gobierno federal sigue ignorando los informes de organismos mundiales y organizaciones de la sociedad civil sobre esta problemática", dijo el legislador en tribuna.

Este lamentable hecho es "grave, vasto, complejo y profundamente perturbador" de valores y principios que enfrenta la realidad de la "xenofobia" de parte de los que "se sienten amenazados o desplazados por las olas migratorias", agregó.

El documento propone convocar a comparecer al titular del Instituto Nacional de Migración y a los secretarios de Gobernación y Seguridad Pública para que informen sobre las estrategias ante el creciente secuestro de inmigrantes" de Centro y Suramérica.

Otros senadores como Silvano Aureoles y Ricardo Monreal, pertenecientes a los izquierdistas partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), respectivamente, calificaron la masacre como un "hecho vergonzoso", tras asegurar que México no tiene calidad moral para exigir a Estados Unidos un trato justo a sus connacionales.

"Hoy México está en la mirada de la opinión pública internacional, ante los ojos de todo el mundo, como un país donde se maltrata, se violenta y no se protegen los derechos", dijo Aureoles.

Por su parte, Monreal consideró urgente avanzar en las investigaciones antes de que México sea acusado ante los tribunales internacionales de cometer delitos de genocidio, omisión, negligencia o complicidad.

Este jueves el Gobierno mexicano aseguró que continúa el proceso de identificación de los cuerpos de los 72 indocumentados y se comprometió a que esta masacre "no quede impune".