El Senado francés inicia hoy el debate de una serie de medidas presentadas por el Gobierno para endurecer la lucha contra la delincuencia, con mayores penas para los que maten policías o gendarmes y condenas mínimas que se impondrán a los jueces para los autores de violencias agravadas.

El ministro de Interior, Brice Hortefeux, es el encargado de presentar ante la cámara alta estas propuestas, entre las que figura la retirada de la nacionalidad a franceses naturalizados que atenten contra la vida de policías y gendarmes.

En estas enmiendas del Gobierno, que son un añadido al proyecto de Ley sobre la Seguridad Interior que ya votó en primera lectura la Asamblea Nacional el pasado 16 de febrero, no incluyen finalmente la revocación de la nacionalidad a los naturalizados condenados por polígamos, como quería Hortefeux.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, se decantó ayer por la posición del titular de Inmigración, Eric Besson, que consideraba que esa disposición corría el riesgo de ser censurada por el Consejo Constitucional, aunque el texto que el Ejecutivo envía al Senado prevé un aumento de las sanciones para el fraude a las prestaciones sociales por parte de familias polígamas.

El origen de esta iniciativa está en el caso de un hombre de Nantes que adquirió la nacionalidad francesa gracias al matrimonio con una francesa y que mantiene relación con cuatro mujeres de las que tiene 12 hijos -aunque no está formalmente casado-, que a su vez han estado recibiendo subsidios sociales en concepto de familias monoparentales.

La situación de ese hombre de origen argelino salió a la luz pública después de que una de sus mujeres denunciara delante de los medios de comunicación que la policía la había multado por conducir por las calles de Nantes con niqab.

Una de las enmiendas estrella es la que establece una pena de 30 años de cárcel que los jueces no podrán disminuir para los asesinos de agentes de la autoridad o de vigilantes de prisión.

Otras medidas incluidas en las 26 enmiendas que va a defender el ministro de Interior ante los senadores son la aplicación de penas mínimas a los autores de violencias agravadas desde la primera condena, sin esperar a que sean reincidentes.

También la obligación del control judicial con un brazalete electrónico a todos los reincidentes condenados a penas de al menos cinco años de prisión cuando puedan salir de la cárcel.

Hortefeux igualmente espera que los parlamentarios den su visto bueno a la posibilidad de subastar los bienes requisados a delincuentes que los hubieran adquirido ilegalmente o con el dinero obtenido de sus actividades delictivas.

Las enmiendas tendrán que pasar el filtro de un Senado en el que el partido de Sarkozy -la UMP- no es mayoritario, y para eso deberá convencer a sus socios centristas, que han advertido de sus "reservas".

Además, incluso dentro de las filas de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) hay voces reticentes, como la del ex primer ministro Jean-Pierre Raffarin que ha alertado la "deriva derechista" del Ejecutivo sobre la seguridad.