El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, ha puesto de acuerdo a médicos, organizaciones de salud pública, asociaciones de consumidores y de pacientes, farmacias hospitalarias, universidades y estudiantes. Hasta 28 colectivos europeos se han unido en contra de su decisión de transferir las políticas sobre medicamentos y tecnologías sanitarias de la Dirección General de Salud y Consumidores a la de Industria, Mercado Interno, Emprendedores y Pymes. La comunidad sanitaria europea ve en este cambio una amenaza contra las estrategias destinadas a mejorar la seguridad y el acceso a los fármacos. En una carta remitida a Junker, critican que 'los dispositivos médicos y farmacéuticos no son —o no deberían ser— considerados como un producto más del mercado interno porque sirven para proteger la salud de la ciudadanía'.

Las áreas que van a cambiar de cartera son las que, desde 2009, gestionan la evaluación de la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y dispositivos médicos —incluyendo las autorizaciones— y la Agencia Europea del Medicamento. Pero el reparto de competencias que ahora propone Juncker no es nuevo. Era el que estaba establecido antes de que el anterior presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, decidiese que esas competencias no debían estar integradas en la Dirección General de Industria, sino en la de Salud.

'La Dirección General de Industria se había visto incapaz de proporcionar el liderazgo necesario frente a la gripe H1N1, especialmente en lo que respecta a la emergencia', revela un editorial publicado en el British Medical Journal (BMJ). 'La reorganización del año 2009 también reflejó un reconocimiento a la necesidad de armonizar las estructuras de la Comisión con la de los Estados Miembro, donde las políticas de calidad y seguridad farmacéutica son llevadas a cabo, normalmente, por los ministerios de sanidad', remarca esta revista médica editada por la British Medical Association.

La Alianza Europea para la Salud Pública ha calificado el cambio de 'potencial desastre' porque, a su entender, Juncker está 'colocando los problemas de salud en un segundo plano para apaciguar a las grandes empresas'. En la misma línea, la Organización Europea de Consumidores denuncia que la decisión de la Comisión Europea manda la señal a los consumidores europeos de que 'los intereses económicos están antes que su salud'.

En ello radica la principal preocupación de la comunidad sanitaria europea sobre cómo la Dirección General de Salud podrá cumplir con sus mandatos en la preparación para posibles brotes de enfermedades infecciosas —como la gripe pandémica— o problemas biológicos —como el terrorismo químico. La respuesta a estas crisis se basa en la autorización, la supervisión y la asignación de los medicamentos, que ahora recaerá en la Dirección General de Industria, 'cuyo principal objetivo es promover la competitividad de la industria de los medicamentos', recuerda el BMJ. 'En estas circunstancias existe el peligro de que los intereses comerciales triunfen sobre la seguridad sanitaria', advierte la revista.   

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) también ha mostrado su preocupación y rechazo ante la decisión de Junker. 'El Mercado Interior conlleva unas regulaciones que no son específicamente sanitarias y la industria farmacéutica repercute en la salud de los ciudadanos, por lo que necesita una vigilancia específica sobre el control, el funcionamiento y los precios de los fármacos', ha declarado a Público el presidente de la plataforma, Marciano Sánchez Bayle. 'No se pueden tratar del mismo modo a las empresas que hacen medicamentos que a las que hacen sillas', ha ejemplificado.

La FADSP tiene previsto llevar a cabo una acción conjunta a nivel europeo para denunciar que la decisión de Junker favorece la desregulación del sector y para 'reclamar que el derecho a la salud prevalezca por delante de los intereses comerciales'.