El Salvador dio hoy un giro de 180 grados a su política de las últimas dos décadas al reconocer públicamente su responsabilidad en el caso del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por los escuadrones de la muerte.

En una audiencia de seguimiento del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno del presidente Mauricio Funes afirmó que reconoce "plenamente" la autoridad del organismo y el carácter vinculante de sus recomendaciones emitidas en su informe de fondo de 2000.

La Comisión recomendó al Gobierno salvadoreño que realice de manera expedita una investigación judicial completa, imparcial y efectiva sobre el caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, sin perjuicio de la Ley de Amnistía decretada.

También ordenó al Estado que repare todas las consecuencias de las violaciones cometidas, incluyendo el pago de una justa indemnización, y que adecúe su legislación interna a la Convención Americana para dejar sin efecto la Ley de Amnistía General.

En este sentido, el director general de Derechos Humanos de la cancillería, David Morales, acompañado por su subdirectora, Tania Camila Rosa, y el embajador de El Salvador ante la OEA, Luis Menéndez-Castro, transmitió a la CIDH el compromiso del Gobierno de Funes "de cumplir de buena fe y en la medida de nuestras posibilidades" las recomendaciones de la Comisión.

En su informe de fondo, la CIDH concluyó que el Estado salvadoreño ha violado el derecho a la vida, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva, así como el derecho a conocer la verdad en el caso de monseñor Romero, ejecutado extrajudicialmente cuando oficiaba misa el 24 de marzo de 1980 por agentes del Estado que integraban escuadrones de la muerte.

La Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes de guerra en este país, señaló como autor intelectual del asesinato de Romero al fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, de derecha), Roberto D'Aubuisson, pero la Ley de Amnistía, aprobada un año después de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a la guerra civil en el país (1980-1992), dejó en la impunidad ese crimen cometido.

Las recomendaciones no fueron cumplidas por las últimas administraciones de ARENA, partido que gobernó el país desde 1989 hasta el pasado 1 de junio, cuando asumió Funes, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Ahora, el Gobierno de Funes se ha comprometido a iniciar una "nueva etapa de diálogo" en El Salvador con los familiares de las víctimas, así como con diversas instituciones religiosas y sociales y con el arzobispado, entre otros afectados, señaló Rosa.

Expresó la voluntad del Estado de avanzar "sin condicionamientos" en la reparación, mientras que Morales indicó que se investigará lo sucedido hace treinta años, algo que corresponderá al Fiscal General, mientras que la derogación de la Ley de Amnistía es un asunto que debe ver la Asamblea Legislativa.

Explicó que a través del canciller, Hugo Martínez, se creará una mesa de coordinación de trabajo con ambas entidades para que incorporen en su agenda las recomendaciones de la CIDH y para que la ley sea reconsiderada.

Por su parte, prometió crear una comisión plural para establecer una plaza estatal en homenaje de monseñor Romero, así como para difundir un vídeo sobre su vida, una exigencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Por último, aseguró que con este paso el Estado salvadoreño quiere iniciar "una nueva era de relaciones" con las víctimas y los organismos de derechos humanos.

El reconocimiento del Gobierno de su responsabilidad en el asesinato del arzobispo representa un "hecho histórico" y "un paso inicial hacia la reparación" de las víctimas, así como para el cumplimiento de todas las recomendaciones de la CIDH, señaló Gisela de León del CEJIL.

Felipe González, miembro de la CIDH, dijo por su parte que la Comisión "aprecia mucho el cambio de actitud" del Estado y su disposición a satisfacer sus recomendaciones.