La Audiencia Nacional ha condenado al financiero Javier de la Rosa a 4 años, 8 meses y dos días de prisión, además de una multa de 6.000 euros, por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental en el desvío de 27,4 millones de dólares con la denominada operación "Croesus".

Se trata de la última de las cuatro piezas que ha juzgado la Audiencia Nacional por el caso Torras y por las que el financiero catalán ha acumulado penas de más de 20 años de cárcel.

En la sentencia conocida hoy, la Sección Primera de la Sala de lo Penal ha condenado únicamente a De la Rosa al absolver a los otros cuatro imputados: el director financiero del grupo Torras, Miguel Soler, el consejero delegado Jorge Nuñez, el contable gibraltareño Plinio Coll y el director de inversiones de KIO, Richard Robinson.

El tribunal presidido por Nicolás Poveda da por probado que a mediados de 1988 De la Rosa, "con ánimo de tomar para su propio beneficio económico y en favor de otros", pidió al grupo kuwaití KIO el adelanto de 27,4 millones de dólares por un pago de servicios, valiéndose de su puesto de vicepresidente de Torras Hostench SA (posteriormente Grupo Torras) y sin acuerdo del consejo de administración.

La transferencia de dinero se concibió como una operación de préstamo de KIO a Torras, que resultaba así deudora de su accionista mayoritaria, de modo que el grupo kuwaití reforzaba su posición, facilitando en última instancia "la adquisición de los paquetes de accionistas minoritarios en Torras", explica el tribunal.

En definitiva, KIO autorizó este pago a Torras Hostench SA y lo envió a través de su filial en Holanda -Kookmeeuw- a una cuenta de la sociedad Bigley, cuyo titular era el empresario Enrique Sarasola, de la que salieron más de 5,99 millones de dólares (695 millones de pesetas) para De la Rosa.

El tribunal recuerda que De la Rosa intervino posteriormente, cuando Torras Hostench tuvo que devolver el dinero a KIO, para lo que se solicitó un préstamo de casi 25 millones al Banco Santander.

El financiero hizo entonces un abono de 2,58 millones de dólares para completar el dinero recibido de KIO, que le fue devuelto por el supuesto pago de servicios facturados.

No obstante, gracias a la operación diseñada a través de la sociedad instrumental Croesus, al dinero que había que devolver al Santander se le acabó perdiendo la pista, con lo que fue finalmente el grupo Torras el que hizo frente al préstamo, que quedó contabilizado como pérdida y cubierto con cargo a la ampliación de capital del grupo.

Los abogados del Grupo Torras se declararon "insuficientemente satisfechos" por la sentencia, ya que en su opinión "sí que había elementos suficientes para condenar" a imputados como el director financiero de Torras Miguel Soler y el consejero delegado Jorge Núñez.

El abogado Alfonso Trallero, del bufete de Miguel Bajo, que ha representado al Grupo Torras como acusación particular, aseguró que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo, dado que la Audiencia tampoco se ha pronunciado sobre la responsabilidad civil exigida a los herederos de Enrique Sarasola y a la sociedad Hipódromos y Caballos, tras acreditar a su juicio que recibieron los 27,4 millones de dólares.

Lo que sí ha hecho es absolver a la mujer de Javier de la Rosa, Mercedes Misol, de la responsabilidad civil exigida como beneficio del delito a título lucrativo.

El letrado del Grupo Torras se mostró satisfecho con la condena a Javier de la Rosa, aunque la consideró "un poco baja", dado que había solicitado 12 años de prisión, frente a los nueve años pedidos por la Fiscalía Anticorrupción.

En la sentencia, por la que también se inhabilita al financiero para cargo público, profesión u oficio, se ha tenido en cuenta un "atenuante simple" de la responsabilidad penal por la dilación del proceso, ya que han transcurrido más de 19 años.

No obstante, recuerda que "no se trata de un hecho aislado (...) sino de un complejo entramado de conductas ejercidas por Francisco Javier de la Rosa y otros para descapitalizar el grupo de empresas controlado por KIO".

El caso Torras, que nació el 8 de enero de 1993 a raíz de una querella del grupo contra el financiero y otros ex directivos, se ha instruido en cuatro piezas judiciales: ICSA-Impacsa, Wardbase, Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria y Quail-ACIE y Croesus.