El exgeneral golpista José Efraín Ríos Montt será el primer ex jefe de Estado de Guatemala en ser juzgado por genocidio y delitos contra la humanidad, en una histórica decisión adoptada hoy por un alto tribunal del país centroamericano. El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, ordenó juzgar a Ríos Montt y a su antiguo colaborador el también exgeneral José Mauricio Rodríguez, tras determinar que existen suficientes elementos de prueba y probabilidades de que participaran en los hechos que le imputa la Fiscalía.

La acusación contra Ríos Montt, que gobernó de facto Guatemala entre 1982-1983, y Rodríguez, que ocupó entonces la segunda jefatura del Estado Mayor de la Defensa, es por el asesinato de 1.771 indígenas ixiles, así como cientos de casos de violaciones sexuales perpetradas por los militares. Ríos Montt, de 86 años, será procesado como presunto autor intelectual de las matanzas, mientras que Rodríguez, de 67 años, será juzgado por haber supuestamente ejecutado los planes militares incluidos en la estrategia conocida como 'tierra arrasada'.

'Existen fuertes indicios de que en el pueblo ixil de Nebaj, Cotzal y Chajul se dieron operaciones militares', por lo que hay fundamentos para ordenar que se les lleve a un juicio oral y público, indicó hoy el juez en una audiencia. Gálvez dio valor probatorio a 84 declaraciones de supervivientes contra Rodríguez y a 142 contra Ríos Montt, además de 61 peritajes militares, antropológicos, forenses y psico-sociales presentados por la Fiscalía.

La defensa de Montt asegura que el juicio se debe a 'presiones internacionales'

Danilo Rodríguez, abogado defensor de Ríos Montt, intentó hasta el última momento detener el juicio por genocidio y delitos de lesa humanidad contra su cliente, pero el juez rechazó el recurso por 'improcedente'. Alegó que el Juzgado ignoró los medios de investigación que presentó la defensa, en los que afirma que Ríos Montt no tuvo participación en los hechos que le imputa la Fiscalía.

Ríos Montt y Rodríguez, inmóviles y en silencio, escucharon con atención el fallo del juez y al concluir la diligencia se negaron a responder a las preguntas de los periodistas. El exgeneral Rodríguez, enfundado en una bata del hospital militar en el que permanece arrestado, se limitó a mirar fijamente y en tono amenazante al fiscal acusador, Orlando López, cuando salía caminando de la audiencia, a la había llegado en silla de ruedas.

'Eso es una intimidación pero me tiene sin cuidado. Yo simplemente estoy cumpliendo con mi trabajo. Ellos están acostumbrados a intimidad, a matar, porque así lo hicieron', dijo López  respecto a la actitud de Rodríguez. Añadió que no le preocupa, 'pero se pone en evidencia (Rodríguez) si me llegara a pasar algo'.

Otro de los abogados de Ríos Montt, Francisco Palomo, comentó que ya esperaban esa resolución del juez debido a las supuestas 'presiones internacionales' sobre le caso, aunque evitó identificar su procedencia.

Al conocerse la resolución, activistas y familiares de las víctimas rompieron en aplausos

El juez Gálvez resolvió dejar en arresto domiciliario a Ríos Montt, que se presentó de forma voluntaria a la justicia hace un año. Por su parte, Rodríguez, detenido en 2011, deberá permanecer recluido en el hospital militar por problemas de salud. Y fijó para el próximo jueves una audiencia, en la que las partes deberán presentar las pruebas de cargo y descargo.

López explicó que una vez recibidas las pruebas, el juez Gálvez deberá enviar el caso a otro tribunal para que se celebre el histórico juicio, pero aclaró que no tiene un plazo límite para ello. Al conocerse la resolución, activistas y familiares de las víctimas rompieron en aplausos y vivas en favor de la Justicia y lo festejaron con fuegos artificiales.

Este es el primer caso en la historia judicial de Guatemala en el que un ex Jefe del Estado es llevado ante la Justicia para responder por los cientos de miles de asesinatos cometidos por el Ejército en el marco de la guerra interna de 36 años que vivió el país entre 1960 y 1996. Esa guerra dejó unas 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, un millón de desplazados internos y miles viudas y huérfanos.