Hecha la ley, hecha la trampa. La Policía y otras autoridades saben que este viejo refrán es una máxima a seguir cuando se aplican políticas públicas que intentan beneficiar a determinados colectivos, pero de las que se quieren aprovechar otros muchos.

Una de las principales bondades del sistema de pensiones español, la garantía de que ningún pensionista cobrará menos de lo que se considera una cantidad digna de pensión (6.923,90 euros anuales para 2011), es utilizada por ciudadanos de los países del Este para poder disfrutar de una jubilación decente en España sin haber trabajado nunca realmente en el país.

Cotizan en España un año (sin trabajar) para poder cobrar la pensión mínima

La normativa europea establece que los ciudadanos de la Unión deben poder disfrutar de los mismos derechos en el acceso a la jubilación que los residentes nacionales en el país en el que se retiren. Por eso, según han detectado la Policía y la Seguridad Social, muchos ciudadanos europeos, especialmente rumanos, fingen estar trabajando en España para pedir luego la jubilación en territorio español y disfrutar así de unas condiciones ventajosas que no tendrían en otro país de la UE.

La operativa es la siguiente: una mafia organiza en España una empresa ficticia, que nunca tiene actividad real, en la que aparentemente contrata a ciudadanos rumanos por los que cotiza a la Seguridad Social. Lo cierto es que estos falsos trabajadores pagan la cotización de su bolsillo a la inexistente empresa, según explica la directora del gabinete de la Secretaría de la Seguridad Social, María José Tarreros. Al cabo de un año, el falso empleado (que también se habrá hecho residente en España) pide la jubilación.

La legislación española le aplicará los mismos requisitos para pagarle una prestación que a cualquier otro trabajador europeo en España: un mínimo de 15 años cotizados. Pero no importa dónde haya cotizado esos 15 años, ya que, a efectos de generar el derecho, computan exactamente igual los trabajados en otros países.

El jubilado debe ser residente en el país si quiere acceder al complemento

En otros estados miembros, un año cotizado sólo daría derecho a una prestación equivalente a lo que se haya contribuido, es decir, alrededor de 60 euros al mes (en Francia se calcula incluso por trimestres), ya que no hay leyes que garanticen una pensión mínima. Sin embargo, la legislación española no permite pagar esa cuantía tan baja, así que le complementa la pensión al trabajador, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, hasta cubrir la mínima (que puede estar entre 530 y 742 euros, según tenga o no cónyuge a cargo).

El negocio es redondo. El ciudadano ha pagado de su bolsillo la cotización equivalente a un año y a cambio tiene para toda la vida, siempre que resida en España, una pensión de cuantía razonable, muy superior a la que disfrutaría en su país. Rumanía envía a España la cantidad que le corresponde por los años de cotización allí para terminar de complementar la prestación.

España es uno de los pocos países que garantiza una pensión mínima

Para disfrutar este derecho, el ciudadano debe ser legalmente residente en España (otra cosa es que viva en el país de verdad). De esta forma, disfrutaría además de la sanidad pública española y de los descuentos ligados a los productos farmacéuticos.

La práctica de cotizar sin trabajar realmente se extiende también para poder disfrutar de otras prestaciones, como el paro o las pensiones de discapacidad. Desde la Seguridad Social no se atreven a cuantificar cuánto puede suponer para las arcas del Estado este fraude en concreto, ya que no desglosan las actuaciones por delitos. Además, las operaciones para destapar este tipo de fraudes suelen implicar varios delitos a la vez.

Tarreros asegura que la Administración vigila con especial atención a las empresas con más de 50 trabajadores dados de alta, ya que las considera grandes empresas. 'Si tienen mucho movimiento de altas y bajas, y la mayor parte de los contratados son extranjeros, saltan las alarmas', explica. En algunas provincias, las empresas de entre 15 y 20 trabajadores ya son investigadas. 'En cuanto se constata que no tienen actividad conocida, se tira del hilo', concluye.

En total, la Sección de la Seguridad Social dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Judicial cerró el año 2010 con un balance de 675 investigaciones que descubrieron (no sólo por este tipo de actuaciones para cobrar pensiones) un fraude superior a los 93 millones de euros. En total, se detuvo a 1.111 personas, de las que más del 60% era de nacionalidad extranjera.