Si, como se ha venido a verificar tras la foto y la primera ronda de la comisión Zurbano, no habrá un acuerdo global que sea percibido por los ciudadanos como prueba de que, por fin, los políticos actúan contra la crisis como los habitantes de Fuenteovejuna contra los abusos del Comendador, lo mejor para todos será acelerar los entreactos y acabar cuanto antes, que la justicia que reclaman los más de cuatro millones de parados no admite más demoras.

A estas alturas de la crisis y de la legislatura, que casi corren parejas, carece de sentido alargar la negociación sobre un conjunto de medidas coyunturales llamadas de antemano a contar con apoyos de geometría variable. Aunque puestas en conjunto pueden configurar un retablo económico, no llegarán a conformar un cuadro global de pacto de Estado como el que desearía la mayoría de los ciudadanos. Así, cabe concluir que el mayor acierto de la iniciativa del presidente del Gobierno ha sido ponerle un límite temporal -dos meses- a la negociación.

Aunque repetitivo, no resulta superfluo explicar las razones por las que, mediada ya la legislatura, ningún grupo de la oposición está dispuesto a corresponsabilizarse con el Gobierno. No lo está el PP porque en la autopista de Mariano Rajoy hacia La Moncloa hay un peaje llamado crisis. No lo está el PNV porque un poder socialista estabilizado en Madrid y en Euskadi dejaría a este partido en vía muerta. No lo está IU porque su nuevo líder, Cayo Lara, ve la oportunidad de recuperar territorio mordiendo en el electorado de la izquierda desencantada. No lo está ERC, cuya prioridad es mantenerse en el poder en Catalunya, aunque tenga que cambiar de pareja. Y ni siquiera lo está CiU, aunque parte del actual proceso de negociación obedezca a su presión política, si puede exhibir la paternidad de medidas concretas que satisfacen a su clientela electoral sin necesidad de comprometerse con el resultado global de la política del Gobierno.

Al Gobierno le interesa el pacto en la medida en que los acuerdos siempre benefician al que ejerce el poder y le pueden garantizar los apoyos parlamentarios que precisa, pero tampoco más. Con vistas a la campaña electoral más larga de la historia, que de hecho hace ya un buen rato que empezó, el propósito evidente de Zapatero es ocupar el centro político y todo el encuadre de la foto de la salida de la crisis. Las múltiples alianzas posibles, en realidad son sólo matemáticamente posibles. La que podría hacer el PSOE con el arcoiris de izquierdas respondería más al criterio de cercanía ideológica, pero incluso desde esta perspectiva la proximidad real es mayor respecto de CiU y PNV en asuntos clave como la ortodoxia en la política económica, la contención del gasto público para afrontar la crisis del empleo o la posición respecto al proyecto europeo. Sin embargo, la alianza con los nacionalistas proyectaría una imagen de derechización y dificultaría la entente con los sindicatos, amén de condicionar la política autonómica.

España es el único país de la Europa continental que nunca ha tenido un Gobierno de coalición. Y es así no sólo porque la cultura del pacto es percibida como un síntoma de debilidad, sino a causa de que, como explica el profesor de Ciencias Políticas Enrique Guerrero Salom, fue 'la obsesión de la estabilidad' -partidaria, parlamentaria, gubernamental- el objetivo prioritario que guió el establecimiento en 1977 de las bases del sistema electoral: '(...) al reforzar la posición de los partidos con mayor representación, dificultar la existencia de una hipotética fuerza-bisagra de implantación nacional, con sostén electoral limitado y disperso, y ajustar proporcionadamente la representación de las formaciones nacionalistas con apoyo consistente en su propio territorio, ha provisto las oportunidades para constituir gobiernos mayoritarios monocolores, o minoritarios en torno a una fuerza preponderante, susceptible en este caso de completar la mayoría parlamentaria a través de fórmulas distintas, optándose por una de ellas en concreto a partir del balance neto de beneficios y riesgos que han decidido asumir los grupos que podían completarla' (Apoyo(s) parlamentario(s) antes que gobierno(s) de coalición. El caso español. 1993-1996. 1996-2000'. Revista Política y Sociedad. Vol. 40. Nº. 2. 2003).

El estudio del doctor Guerrero destaca que, aunque sobre el papel la mejor manera de maximizar beneficios por un partido es entrar en el Gobierno, al garantizarse con ello la ocupación de parcelas de poder y la capacidad de decidir sobre las políticas a ejecutar, los datos referidos a 18 países occidentales a lo largo de tres décadas muestran que, en el 65% de los casos, los partidos en el Gobierno han perdido votos en la siguiente elección. Sostiene Guerrero, que a sus conocimientos teóricos añade la praxis de haber sido secretario general para Relaciones con las Cortes en tiempos de Felipe González y director adjunto del Gabinete de Presidencia del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, que nuestra estructura institucional relativa a la formación y permanencia del Gobierno -el presidente se somete a la investidura sin tener que informar al Parlamento de la composición de su Gabinete y sólo puede ser removido mediante una moción de censura constructiva -'facilita la adopción de acuerdos de compromiso limitado tan rentables como la eventual entrada en gobiernos de coalición, que, además, de limitar los riesgos y costes de gobernar, autorizan comportamientos oportunistas de los partidos no gobernantes en los asuntos conflictivos'.

Es decir, que hoy como ayer -salvo en el irrepetible paréntesis de la Transición-, todos prefieren los acuerdos de riesgo limitado y coste asumible.