El Gobierno italiano de Silvio Berlusconi tiene que conseguir nada menos que 25.000 millones de euros extra en los próximos dos años para hacer frente a la factura de la crisis económica.

Los necesita para seguir pagando los intereses de su abultada deuda (el 115,9% del PIB, la más alta de la Unión Europea) y, a la vez, compensar el descenso de los ingresos públicos. En los primeros tres meses del año, el Estado ha recaudado un 1,6% menos que en el año anterior, a pesar de que en este mismo periodo el PIB ha crecido un 0,5%, el mejor dato desde 2006.

El ministro de Economía, Giulio Tremonti, presentará su plan de austeridad el próximo 7 de junio en Bruselas, pero ya ha empezado a tomar medidas. El pasado jueves, reunió a las regiones cuya sanidad está en números rojos para pedirles que enjuguen el déficit con una subida de impuestos en sus territorios: el IRAP (tasa regional sobre actividades productivas) y su tramo del Impuesto sobre la Renta.

Tremonti no ha dicho nada por ahora de bajar el sueldo a los funcionarios y, según varias fuentes, trataría de evitar la renovación de contratos de trabajadores de la órbita pública. También quiere aprobar un plan de contención del gasto farmacéutico, revisar los criterios para la concesión de pensiones de invalidez (se sospecha que se producen miles de abusos) y rebajar los gastos de los ministerios. El Ministerio de Infraestructuras acaba de dar vía libre a un plan de inversión público-privada en autopistas y ferrocarril de 17.000 millones que no computa inmediatamente como gasto porque las empresas adelantan el dinero.

La prensa italiana apuntaba ayer que el Ejecutivo estudia ajustes que pasarían por bajar el sueldo a los funcionarios y congelar las pensiones, informa Efe. Entre las medidas posibles, figuran retrasar entre seis meses y un año la jubilación de unos 100.000 trabajadores de la empresa privada previstas para este año, así como elevar la edad de jubilación de las mujeres.

Queda en el aire la posibilidad de conseguir dinero extra con la regularización de las llamadas casas-fantasma: 400.000 inmuebles que oficialmente no existen pero que han sido detectados por Hacienda gracias a fotos por satélite. El ministro de Economía ha tendido muy a menudo la mano a los evasores fiscales para que se pongan al día con Hacienda a cambio de una penalización simbólica. En la última década, ha aprobado tres amnistías fiscales para capitales en el extranjero, pero siempre con agrias polémicas.