El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha asegurado esta tarde que 'el Gobierno cree imprescindible e inaplazable la reforma de las pensiones' y que, para garantizar su futuro, nada mejor que alargar la edad legal de jubilación, por lo que descartó el aumento de las cotizaciones o la reducción de las prestaciones.

Gómez —que ha presentado su propuesta en la comisión del Pacto de Toledo, donde ha intervenido por primera vez— también se ha referido al 'valor y significado' del propio Pacto, al papel de la Seguridad Social ante la crisis económica, al envejecimiento de la población 'como desafío' y a las líneas de la reforma planteadas por el Gobierno.

'El único aspecto positivo de la crisis es que ha puesto de manifiesto la fortaleza de nuestro sistema de pensiones ', explicó el ministro de Trabajo, quien adelantó que este ejercicio se cerrará con superávit. 'Además, hay que destacar la lucha contra la pobreza, otro de sus grandes objetivos', añadió Gómez, que abogó por evitar la caída del poder adquisitivo de los mayores de 65 años.

El ministro, que defendió que la reforma laboral 'de calado' como 'cuestión de Estado', abogó por favorecer la permanencia en el mercado de trabajo, para lo que plantea reducir —a través de incentivos— las prejubilaciones por su 'abusivo' coste, integrar a discapacitados y mujeres en el mercado laboral, y alargar la vida laboral de los trabajadores.

'Les pido que aparquemos nuestras diferencias y trabajemos por un acuerdo para las próximas semanas', dijo Gómez dirigiéndose a la oposición, a la que transmitió la necesidad de sacar adelante la reforma sin dilación. 'Nunca antes tantas miradas, dentro y fuera de nuestras fronteras, se habían dirigido al Pacto de Toledo', apuntó el ministro, criticado tras su intervención por la oposición conservadora porque, a juicio del Partido Popular, sólo pretenden aumentar 'artificiosamente' las afiliciones a la Seguridad Social.

Gómez confirmó que el documento 'de referencia' del Gobierno que incluye las líneas de actuación en materia de pensiones es el que presentó en esta comisión el pasado 29 de enero. Durante su intervención, subrayó que la necesidad de recuperar el equilibrio presupuestario ha dado lugar a restricciones fiscales 'que se van a mantener en los próximos años' y que 'inevitablemente' ejercerán una presión adicional sobre el gasto en pensiones. Por ello, señaló que la crisis económica acentúa la necesidad de reformar el sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad 'cuanto antes'.

No obstante, precisó que la reforma de las pensiones no es una respuesta a la crisis económica ni a 'hipotéticas dificultades financieras de la Seguridad Social', pero que en el actual contexto 'sí debe contribuir a apuntalar la recuperación económica'. Explicó que para 'comprender la magnitud del 'desafío demográfico' al que se enfrenta el sistema hay que pensar en que el número de pensiones pasará de los 8,81 millones actuales a más de 11 millones en 2025 y a 16,8 millones en 2049.

En cuanto al gasto, Gómez recordó que la Comisión Europea ha estimado que España pasaría de gastar un 8,4% del PIB en pensiones en 2007 a 15,1% en 2060 y que, según un informe del propio Ministerio de Trabajo en 2008, los ingresos del sistema cubrirían gastos hasta 2023. A partir de esa fecha, los recursos del Fondo de Reserva podrían compensar los resultados negativos hasta 2029, pero más allá de ese año, el sistema entraría en una situación deficitaria 'que tendría que ser compensado por el Estado'.