El Congreso de los Diputados vivió ayer una jornada de confusión a costa de las reuniones del Pacto de Toledo, la Comisión parlamentaria que estudia la reforma de las pensiones. El nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, convocó un encuentro 'informal' con los diputados de la Comisión, saltándose, según el Partido Popular, el protocolo, lo que generó cierta tensión con los parlamentarios. Además, tras el encuentro, los diputados se habían citado para una reunión que se desconvocó por falta de quórum, ya que sus señorías no fueron avisados de la hora en tiempo y forma.

Entre tanta confusión, Gómez intentó imprimir un carácter expeditivo a la cita y fijar un calendario 'más estricto y más intenso de trabajo' para lo que queda de año, de forma que pidió a los diputados finalizar las conversaciones en diciembre. Tras la fallida reunión, los parlamentarios no tienen previsto reunirse ya más esta semana ni la siguiente (por las elecciones catalanas), así que las negociaciones se retomarán la primera semana de diciembre.

Teniendo en cuenta que el último mes del año está cargado de festivos, los diputados encargados de la reforma de las pensiones tienen menos de tres semanas hábiles para cumplir la petición de Gómez. En ese tiempo se debe llegar a un acuerdo para subir la edad de jubilación, la ampliación del cómputo para calcular las pensiones y la reforma de la prestación de viudedad. Las conversaciones se reanudarán al tiempo que el ministro comparece ante la Comisión, que le ha pedido que asista (esta vez formalmente) el 1 o el 2 diciembre. Esa misma semana, Gómez comparecerá también ante la Comisión de Trabajo.

Una vez concluido el trámite parlamentario, (que lleva en marcha desde principios de año), el ministro quiere dedicar los dos primeros meses de 2011 a discutir con los agentes sociales el texto consensuado en el Congreso. Después, Gómez quiere iniciar la redacción del proyecto de ley que estará listo en marzo o abril. De cumplirse este calendario, la reforma de las pensiones difícilmente vería la luz antes de septiembre u octubre, lo que impulsaría definitivamente su puesta en marcha a partir de 2012.

En la breve reunión de ayer, de poco más de media hora, Gómez insistió a los diferentes representantes del arco parlamentario que la posibilidad de fijar la edad legal de jubilación en los 67 años se puede abordar de forma 'abierta' pero que debería estar obligatoriamente en el debate. Esta aseveración tuvo diferente acogida entre las agrupaciones políticas, que esperaban que el nuevo titular de Trabajo fuera más flexible con este punto.

La congelación de las pensiones que ha previsto el Ejecutivo para el año que viene (y que se vota hoy en el Congreso), ha sido una piedra de toque en el proceso de negociación. El PP llegó a poner como condición para el pacto que se retirara la congelación. Sin embargo, todo indica que una vez la medida se haya aprobado, los conservadores continuarán las negociaciones por un 'sentido de Estado', según fuentes del Partido Popular.