Marta González (Madrid, 1974) es abogada y está al frente de Proyecto Esperanza. Esta ONG, que este año celebra su décimo aniversario, ha atendido durante ese periodo a 473 mujeres extranjeras víctimas de trata. De ellas, 347 presentaron denuncia.

¿Qué problemas presenta la Ley de Protección de Testigos?

Ahora mismo la Ley de Protección de Testigos no se aplica con garantías, tiene deficiencias. En primer lugar, a las víctimas les falta información sobre sus derechos. Nadie les informa y lo tendría que hacer la primera autoridad que tiene contacto con ellas. Ni siquiera la protección está garantizada durante el proceso judicial y mucho menos cuando termina el juicio.

¿Hay medios suficientes para hacerla cumplir?

A veces no hay medios materiales. Por ejemplo, la víctima debe tener un espacio reservado en el juzgado para aislarla de los denunciados, pero muchos juzgados no lo tienen. A veces ha pasado que la mujer se ha encontrado con el agresor o la familia de éste en el pasillo, antes del juicio.

¿Que la mujer declare detrás de un biombo es suficiente protección?

No, porque durante el juicio el mafioso puede identificar a la víctima por la voz. Sería necesario que hubiese un distorsionador de la voz, algo que ahora mismo no está previsto.

¿La ley prevé también un cambio de identidad a las mujeres que denuncien?

Sí y otorgar ayudas económicas para esa nueva vida. Pero en 10 años de trabajo jamás he visto aplicar nunca este requisito. Además, en el caso de las mujeres que son víctimas de este tráfico de seres humanos, sería difícil de aplicar porque son de origen extranjero y España no tiene potestad para cambiarles la identidad. No es la solución que ellasnecesitan.

¿El Plan Nacional para combatir la trata está bien planteado?

El plan se ha quedado muy corto en cuanto a la protección de los derechos de la víctima y sólo hace referencia a las mujeres que escapan de la red y denuncian a la mafia. También debería de prever una alternativa para las mujeres que no denuncian. Pero ahora la alternativa a no denunciar es la expulsión del país.

¿Qué más le falta?

Muchas medidas no están incluidas, como la de tener en cuenta los motivos personales de las mujeres para dar el permiso de residencia. El plan tampoco recoge la protección a la familia que se ha quedado en el lugar de origen y tampoco garantiza que la familia luego se pueda reagrupar. La policía del país de origen no actúa porque dice que el delito, la explotación sexual, se ha realizado en el extranjero.

Una mujer que denuncia a una mafia, ¿obtiene automáticamente el permiso de residencia?

No. Una mujer pone la denuncia y luego tiene que ir con la policía a los lugares donde fue explotada por la red. La víctima reconoce las habitaciones, los locales donde ha trabajado... Pero para conseguir el permiso de residencia tiene que denunciar y, además, que esa denuncia dé resultados policiales. Y tiene que ser a redes: si la denuncia se interpone a una persona sola tampoco sirve de nada.

¿Y el permiso de trabajo?

El permiso de residencia es solamente de un año y no supone nada. Tienen que conseguir aparte el permiso de trabajo por el mismo método que el resto de los inmigrantes.

Una vez que han salido de la red, ¿qué perspectivas de futuro tienen estas mujeres?

Si una mujer denuncia y tiene detrás a una ONG, probablemente conseguirá el permiso de residencia y luego también el de trabajo. Pero si no hay esos recursos especializados, la mayoría se quedan en situación irregular. Y si eso pasa, es que las cosas no funcionan como tendrían.

¿Qué posibilidades tienen las mujeres explotadas en pueblos o ciudades pequeñas?

Pocas, porque son las más vulnerables a que no les lleguen los recursos. Tiene más posibilidades de salir adelante la mujer que denuncia en Madrid que la de Cuenca.