Los recortes presupuestarios en todos los departamentos, las cifras récord de desempleo alcanzadas en el mes de marzo y algún que otro patinazo de los miembros del gobierno de la Generalitat han ensombrecido los primeros cien días de Artur Mas como presidente de la Generalitat.

Mas puede esgrimir como principales logros la reformulación de la velocidad variable en los accesos viarios a Barcelona y la práctica eliminación del impuesto de sucesiones, ambos aspectos contemplados en el programa electoral de CiU y que han sido motivo de crítica por parte de la oposición de izquierdas.

Pero en el terreno económico y financiero, el Gobierno catalán ha tenido que hacer frente a una tormenta de malas noticias: la economía sigue flaqueando, las arcas de la Generalitat están bajo mínimos y el Gobierno español empuja para que el recorte del 10% en el presupuesto catalán para 2011 sea aún más severo.

El anunciado tijeretazo en el gasto público, incluidos sectores tan sensibles como la sanidad y la educación, amenazan con levantar una ola de protestas en Cataluña, si bien todos los miembros del gobierno actual se encargan de recordar que las estrecheces que deben afrontar ahora son "herencia" del tripartito.

Infundir confianza en los emprendedores, facilitar las cosas a las empresas comprometidas con la generación de riqueza y crear un marco normativo benévolo para los negocios eran los objetivos de Mas cuando tomó posesión de su cargo el 27 de diciembre de 2010.

Sin embargo, tres meses después de esa fecha, los indicadores económicos siguen sin presentar mejoría, en especial el del paro: Cataluña fue en marzo la comunidad donde más creció el desempleo, con 8.658 nuevos parados, hasta totalizar ya 611.269 personas.

Este incremento del paro no es directamente imputable a la gestión del nuevo Ejecutivo, pero Mas se comprometió en campaña a intentar reducir a la mitad el número de desempleados en cuatro años y las perspectivas no son nada halagüeñas: al inicio de su mandato, ya ha tenido que lidiar con una galopante crisis industrial.

Yamaha ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción que supondrá el despido de 388 trabajadores, Derbi ha anunciado el cierre de su factoría en Martorelles (Barcelona), con más de 200 empleados, mientras que Valeo, Cacaolat, Ficosa y Alstom afrontan también diferentes problemas laborales.

A tenor de las valoraciones posteriores de los protagonistas, la cumbre anticrisis celebrada el 25 de marzo apenas sirvió para marcar una esquemática hoja de ruta para tratar de remontar el vuelo.

En paralelo a estos quebraderos de cabeza económicos, el Govern se ha visto envuelto en una serie de resbalones, aprovechados por la oposición para poner en entredicho el prestigio del autodenominado "gobierno de los mejores".

Quizá el más llamativo sea la difusión del currículum oficial de la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, en el que figuraba como "licenciada en Psicología" pese a no haber terminado la carrera.

Otra de las pifias de este arranque de legislatura fue el fallido fichaje del alcalde de Lloret de Mar (Girona), Xavier Crespo, como secretario de Seguridad: el conseller de Interior, Felip Puig, vio, tras dos meses insistiendo en su nombramiento, cómo al final la persona elegida renunciaba a asumir el cargo.

Además, en estos tres últimos meses han vuelto a aflorar los roces entre Unió y CDC, a cuenta sobre todo del giro independentista de Jordi Pujol, que a un año de las elecciones generales podría ser un elemento de distorsión del discurso político más moderado que quiere imprimir Josep Antoni Duran Lleida, centrado en la reivindicación de un pacto fiscal similar al concierto vasco.

Roger Mateos