Claramente en contra. Asociaciones de inmigrantes y sindicatos policiales rechazaron ayer frontalmente la posibilidad de aumentar hasta 60 días el período máximo de retención de los inmigrantes irregulares en los centros de internamiento para extranjeros (CIE) hasta su expulsión. Así lo planteó el jueves el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

'Tal y como están hoy los CIE, es una ridiculez utópica', manifestó el portavoz de la Unión Federal de Policía, Alfredo Perdiguero. Sus compañeros del Sindicato Unificado de Policía (SUP) también se declararon 'totalmente en contra' porque las estructuras de estos centros y las condiciones en las que están internos 'dejan bastante que desear'. 'No son centros penitenciarios, por lo que no se les puede privar mucho tiempo de libertad. No han cometido ningún delito', afirmó la portavoz del SUP, Begoña Romero.

Ambos alertan de que la prórroga obligaría a ampliar los centros y aumentar el personal. Por contra, demandan agilizar las expulsiones: más vuelos y más funcionarios en las brigadas de extranjería.

Soluciones no penales

Una postura similar manifestaron las asociaciones de inmigrantes. Para el presidente de la asociación de emigrantes lationamericanos Aculco, Álvaro Zuleta, 'ya es suficiente con lo que hay'. Tras denunciar un tratamiento indigno a los extranjeros en los CIE, pidió al Gobierno que, 'al menos, mantenga la situación actual', mejore las instalaciones de estos centros y permita la intervención social.

También apuesta por buscar una solución a los inmigrantes irregulares que no sea de tipo penal. A ello, el presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes en España, Esteban Cancelado, agregó que elevar hasta los dos meses el tiempo de internamiento de irregulares supone 'hacer más gravosa su situación'.

Acción coordinada

En el marco de la política contra la inmigración ilegal, el Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de 25 Consejerías de Interior en las Embajadas españolas en países de especial interés, como Marruecos, Senegal, Pakistán, Ecuador y China. Estas delegaciones también investigarán redes de delincuencia organizada y terrorismo.

Respecto a la propuesta francesa de crear un contrato de integración para inmigrantes en todos los países de la UE, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, declaró ayer que 'no es necesario'. Asimismo, explicó que el debate sobre la política europea común aún está abierto.