El PSOE exigió hoy a la Consejería de Educación que 'no cierre en falso' el problema del vídeo antiaborto y 'antiPSOE' . En un comunicado, los socialista reclaman que se investigue 'a fondo' este asunto, ya que, entre otras cuestiones 'se ha obligado a las alumnas a salir de las aulas para proyectarles el vídeo'.

Se preguntaron 'por qué se ha roto el normal desenvolvimiento de las áreas de aprendizaje de las alumnas sin que conste en el proyecto educativo del centro, ni en la programación anual ni haya sido previamente aprobado el cambio por ningún órgano pedagógico del centro, es decir, por qué se impide que las alumnas estén dando inglés o matemáticas o lenguaje o cualquier área que les corresponda dentro del horario escolar y se sustituya por la proyección del vídeo'.

También los socialistas cuestionan 'por qué no conocían las familias previamente que se iba a proyectar el vídeo y por qué no se les ha pedido permiso a los padres para esta actividad', así como 'por qué se ha alterado el currículum de la asignatura de Educación Etico-Cívica en contra de lo que se ha aprobado en la LOE, ya que en 4º de la ESO no hay ni una sola unidad didáctica que proponga a las alumnas la proyección de vídeos de esta naturaleza'.

Por todo ello, los socialistas de La Rioja registraron una carta dirigida al consejero de Educación en la que piden un Inspección Educativa 'a fondo, no el 'paripé que se hizo ayer en el que sólo se consideró lo relativo al contenido del vídeo pero no se hace nada por averiguar los aspectos pedagógicos que los socialistas consideramos imprescindibles'.

El PSOE quiere 'que se depuren responsabilidades y que se tomen las acciones correspondientes'. Las normas vigentes en materia de conciertos y las propias leyes educativas 'deben ser el referente', puesto que 'todo no puede valer a quienes con fondos públicos tiene el deber y la obligación de educar a los alumnos con respeto a sus derechos y a su libertad'.

La organización Europa Laica ha exigido la intervención de las administraciones públicas y la Fiscalía de Menores para proteger los derechos de la infancia ante la proyección de audiovisuales antiabortistas en los centros educativos, tal y como ocurrió en un colegio concertado de La Rioja.

Para este colectivo, los centros educativos deben educar al menor 'siempre en el ámbito del respeto a sus derechos' reconocidos universalmente, en especial por la Convención Universal de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado español en 1990.

Esta asociación recuerda que los poderes públicos son responsables de 'velar por la laicidad de las enseñanzas impartidas en los itinerarios oficiales', dentro de los centros educativos de titularidad pública y de los privados sostenidos con fondos públicos, con el fin de evitar 'cualquier interferencia' en los objetivos educativos de convicciones particulares religiosas, filosóficas o ideológicas.