El grupo socialista propone la formación obligatoria de jueces para ejercer en los tribunales de violencia machista y que la condena firme por maltrato conlleve la pérdida de la custodia de menores para el agresor y la privación de patria potestad.

También aboga por la puesta en marcha de alarmas en los juzgados para informar a las víctimas de cualquier decisión que afecte a su seguridad, tanto permisos carcelarios de su agresor como concesiones de tercer grado.

Estas propuestas vienen recogidas en el borrador de informe para el estudio del funcionamiento de la ley integral contra la violencia de género, elaborado y entregado hoy por el PSOE al resto de grupos en la subcomisión para el estudio del funcionamiento de dicha ley.

Ahora, las demás fuerzas políticas podrán sumar sus sugerencias a dicho texto -algunas ya están recogidas-, y el próximo día 10 se debatirá en la subcomisión para su posterior ratificación en la Comisión de Igualdad del Congreso, el día 17.

El borrador informe, al que ha tenido acceso EFE, recomienda la inclusión del tratamiento de los agresores en la imposición de las penas, aunque no entren en prisión, y la consideración por los jueces de la suspensión y sustitución de la pena vinculada a los programas de reinserción con aprovechamiento.

Apuesta, además, por avanzar en la protección de los hijos que conviven con una situación de maltrato, de modo que en el momento de admitirse a trámite la denuncia se proceda a la suspensión cautelar del régimen de comunicación y visitas de los hijos con el padre.

En el mismo sentido, se propone que la orden de protección sea extensiva a los menores, concediéndoles como a su madre una orden de alejamiento; y la no aceptación del Síndrome de Alienación Parental y la aplicación de su terapia.

En cuanto a la mejora de la organización judicial contra la violencia de género, el informe pide mejorar la coordinación entre los juzgados de violencia y Policía y Guardia Civil, y la creación de juzgados exclusivos comarcales de violencia machista.

Otra de las medidas aboga por la formación obligatoria de jueces y magistrados para prestar servicio en los juzgados de violencia contra la mujer, lo que conllevará la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

También se recomienda la implantación de unidades de valoración forense integral en todo el territorio en cada uno de los Institudos de Medicina Legal, previsto en la ley integral de violencia de género, pero que todavía no se ha aplicado con carácter general.

Incluir la asistencia psicológica previa a la denuncia en la cartera de servicios de la Seguridad Social y flexibilizar los requisitos para acceder al Fondo de Garantía de Alimentos para hacer frente al impago de pensiones son otras de las recomendaciones del informe.