Un informe elaborado por el Observatorio Madrileño de Salud estima que las 'políticas de recortes' y 'descapitalización' implantadas por la Consejería de Sanidad en el sector supondrán realizar 5,7 millones de consultas menos (4,7 en Atención Primaria y más de un millón especializada), reducir 37.400 intervenciones quirúrgicas, efectuar 44.800 ingresos hospitalarios menos y disminuir en 123.000 las exploraciones radiológicas.

Además, se producirá un aumento de la lista de espera de un 9,5% de promedio, si bien esa distribución no será homogénea y habrá especialidades que tendrán demoras superiores. Esta situación, a juicio del Observatorio, se produce por la aplicación de las medidas incluidas en el Plan de Sostenibilidad y la reducción presupuestaria en el campo sanitario, que a su juicio supondrá la pérdida de más de 7.000 puestos de trabajo en el sector público sanitario, unido a otras situaciones como la disminución de la jornada de tarde en muchos centros.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP), Marciano Sánchez para dar cuenta del informe elaborado por el observatorio, que agrupa a una veintena de ayuntamientos, los sindicatos CC.OO. y UGT, la propia ADSP, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), la Federación Estatal de Asociaciones de Refugiados e Inmigrantes de España (Ferine) junto a asociaciones de consumidores y otros colectivos.

Sánchez ha comentado también que el documento estipula que la aplicación del Plan de Sostenibilidad ha tenido un despliegue 'más lento' y 'no ha tocado aún todos los palos previstos' debido a la oposición que ha tenido por parte de la ciudadanía, tanto usuarios como profesionales.

Sobre las recortes que el Observatorio identifica en la sanidad madrileña, Sánchez ha relatado que el presupuesto de los hospitales públicos se ha reducido un 16,5% en 2013 (sumado a las caída del 9,5% en 2011 y del 1,5% en 2012) y un 7% en el caso de la Atención Primaria (unido al recorte del 3,7% en 2012), lo que revela una 'descapitalización' de la sanidad pública. Ello ha motivado situación, según ha apuntado, como la reducción de actividad sanitaria por la tarde, el desabastecimiento de vacunas en centros de salud, aparte de las afecciones en consultas y operaciones que se estiman con las medidas del Ejecutivo regional.

Por otro lado, el presidente de la ADSP de Madrid ha criticado el proceso de externalización al entender que su aplicación sólo tiene como objetivo favorecer al sector privado a costa de los fondos públicos', para luego comentar que el coste anual por cama se triplica con la gestión indirecta al igual que ocurre con el coste por estancia.

En el apartado de personal, la secretaria de Política Social e Igualdad de CC.OO. de Madrid, Ana González, ha manifestado que se han perdido ya 2.500 puestos de trabajo con las medidas aplicadas por la Consejería de Sanidad y que el recorte de casi 300 millones de la partida de personal en los presupuestos supondrá disminuir entre 7.000 y 8.000 puestos de trabajo durante todo el proceso de reformas.

Desde la Secretaría de Políticas Sindicales y Sector Público de UGT Madrid, Susana Celis ha comentado que el mencionado plan tiene 'efectos malignos y perniciosos' para el sistema al fomentar falta de equidad y más opacidad sobre la gestión sanitaria en el caso de los centros que van a ser externalizados.

Por otra parte, el informe critica también las medidas como los copagos en farmacia, prótesis o dietas. En farmacia, dice el documento, un 16,8% de los pensionistas no han retirado recetas por no poder asumir los costes del copago.

Mientras, el portavoz de CECU Madrid, Antonio López, ha tildado de 'intolerable' la normativa para la asistencia de inmigrantes irregulares pues, a su juicio, rompe el principio de universalidad al excluirles de parte del servicio. Sobre la privatización, ha manifestado que la Comunidad se ha metido en 'un lío' porque es consciente 'de que no va a salir adelante'. Finalmente, el documento reclama la eliminación de repagos farmacéuticos, la paralización de laprivatización, la derogación de las normativas que permiten la gestión 'privada', auditar la gestión de la Consejería de Sanidad durante los últimos años, exigir mayor control parlamentario sobre las cuentas del SERMAS y derogar el Área Única sanitaria.