El presunto etarra Igor Martín Miño, al que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado hoy a prisión, residía en Jaca (Huesca) -donde fue detenido- porque estaba 'desterrado' allí por ETA, ya que al parecer cuando vivía en el País Vasco 'alardeaba de manera ostentosa y pública' de su pertenencia.

Fuentes de la investigación han explicado que esta es la 'sospecha' que tienen los investigadores sobre Martín Miño, versión que éste ha negado ante Velasco, que le acusa de haber participado en el atentado con coche-bomba perpetrado en un polígono industrial de Ávila en septiembre de 2005. Además de integración en banda armada, el magistrado imputa a Martín Miño -arrestado por efectivos de la Ertzaintza y de la Policía Nacional el pasado martes en Jaca- los delitos de estragos terroristas y tenencia de explosivos.

Velasco ha enviado también a prisión a Olaitz Lema, pareja sentimental de Martín Miño que fue detenida en Ondarroa (Guipúzcoa) el mismo día que su compañero, y la ha imputado un delito de colaboación terrorista porque supuestamente trasladó desde Francia los explosivos que se utilizaron en el atentado de Ávila.

Las detenciones de Martín Miño, de 31 años, y Lema, de 27 años, se unen a las de otras siete personas arrestadas en Vizcaya y Guipúzcoa que ya se encuentran en prisión provisional por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

En concreto, el pasado martes el magistrado ordenó el ingreso en la cárcel de Urtza Alkorta y Zunbeltz Bedialauneta, acusado este último de integración en banda armada y de estragos terroristas por participar en el atentado de Ávila, y de haber ayudado a tres presuntos miembros de la banda terrorista a 'pasar' a Francia.

A Alkorta -que figuró como candidata en una de las listas de ANV ilegalizadas en las últimas elecciones municipales- le imputó un delito de colaboración con organización terrorista.

Tres días antes, Velasco envió a la cárcel a Ibon Iparragirre Burgoa, Asier Badiola Lasarte, Jon Iñaki Esnaola Alba, Xeber Uribe Beitia y Javier Zubizarreta Legardi, a los que imputó los delitos de pertenencia o colaboración con ETA y estragos terroristas y, al último de ellos, de tráfico de drogas.