El Gobierno de José María Aznar se sentará finalmente en el banquillo de los acusados por el desastre del Prestige. La Audiencia Provincial de A Coruña volvió ayer a imputar a un ex alto cargo del Ministerio de Fomento, el entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, como presunto autor de un delito medioambiental por su actuación en la gestión del accidente. Él fue quien en noviembre de 2002 dio la orden de alejar el petrolero del litoral gallego, lo que agravó las consecuencias del vertido de 50.000 toneladas de fuel, que terminaron afectando a cerca de 3.000 kilómetros de costa.

El auto revoca así la decisión de la titular del Juzgado número uno de Corcubión, Carmen Veiras, que el pasado mes de marzo había retirado de forma 'provisional' la imputación contra López-Sors. La Audiencia desmonta con firmeza los argumentos esgrimidos entonces por la juez para exculpar al ex alto cargo, entre ellos el de tildar de 'prudente y razonable' la decisión de no dar refugio al barco, al que se le había abierto una vía de agua frente a Finisterre.

Por el contrario, la Audiencia califica dicha orden de 'error clamoroso' y llega a afirmar que las pruebas recabadas durante la instrucción del sumario inciden una y otra vez en 'el desacierto en la gestión de la crisis', que califica de 'peor imposible'.

Según el auto, las explicaciones que el entonces director general de la Marina Mercante dio ante el juzgado sobre los motivos de sus decisiones 'son altamente insatisfactorias'. También critica su 'complacencia con un rumbo suicida'. Para los jueces, 'no se valoró adecuadamente la situación real del buque y la decisión de alejamiento no proporcionaba una solución de intervención con el objetivo de salvar la nave (...) El daño ya estaba hecho, pero su magnitud pudo tener otro rango (menor)'.

La imputación del ex director general, que atiende a varios recursos presentados por acusaciones particulares, entre las que se encuentra las del movimiento cívico Nunca Máis, Izquierda Unida y varios colectivos afectados por el vertido de petróleo, abre de nuevo la puerta a exigir responsabilidades al Estado español por la marea negra.

Con la nueva imputación del ex director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, serán cuatro las personas que se sentarán en el banquillo de los acusados por el desastre del Prestige. Junto al ex alto cargo del Gobierno Aznar, estarán el capitán del barco, Apostolos Mangouras, el jefe de máquinas, Argyropoulos Nikolaos ambos de nacionalidad griega y el primer oficial, el filipino Irineo Maloto.

El sumario consta ya de 144 tomos en la pieza principal; otros dos de piezas de situación personal; 162 de responsabilidad civil; 34 de piezas separadas de personamiento; y otros 25 de piezas documentales separadas. En total, el procedimiento acumula ya 265.871 folios.

La Audiencia Provincial de A Coruña está a la espera de recibir un último informe pericial contable para abrir la fase de juicio oral y que tanto la Fiscalía como el resto de las partes personadas presenten sus escritos de calificación. Inmediatamente después, la Audiencia fijará la fecha para celebrar la vista, en la que participarán más de 70 abogados como representantes legales de los acusados y de las diferentes partes personadas, incluido el Estado francés, ocho municipios de este país y más de 2.300 perjudicados que reclaman civilmente.