Las tres familias residentes en Ofelia Nieto 29 y varios activistas de la PAH y otros movimientos se concentraron este miércoles para evitar el desalojo , horas antes de que terminase el plazo con el que contaba el Ayuntamiento de Madrid.

Durante la mañana, cerca de ciento setenta personas se han congregado dentro de la vivienda y otras tantas en las inmediaciones, ante la atención de varios medios de comunicación.

Este miércoles 28 de agosto a las 12:00 de la noche acabó el plazo del Ayuntamiento de Madrid para ejecutar el desalojo sin volver a notificarlo a la familia, tal y como aseguran los activistas. Durante quince días -desde el 14 de septiembre- los 10 miembros de la familia Gracia González de tres generaciones distintas han permanecido en la que ha sido su vivienda desde 1957 para evitar el desalojo.

La familia denuncia lo que considera 'un robo manifiesto del Ayuntamiento'. 'Aquí no hay ningún pretexto público, aseguraba a Público Ángeles Gracia González, una de las afectadas.

En declaraciones a los medios de comunicación, varios miembros de la familia han vuelto a rechazar tajantemente la posibilidad de abandonar su domicilio, edificado en un terreno que el Ayuntamiento destinará a la construcción de viviendas,  y que se encuadra en una remodelación integral de la zona.

Fuentes del Ayuntamiento: 'La operación se va a rematar'

Por su parte, la administración que dirige Ana Botella recuerda que ha vencido todas las batallas legales durante diez años de litigios. Fuentes del Ayuntamiento han confirmado que 'la operación se va a rematar'. 'Si caduca el auto se pedirá otro, pero la operación urbanística se va a rematar', aseguran, recordando que la sentencia es firme.

Desde la administración añaden que la familia Gracia González tiene ingresados los cerca de 400.000 euros -los Gracia aseguran que son 326.000 euros- que el Consistorio debe abonar por la expropiación en una cuenta bancaria. En el pasado la familia reclamó 1,8 millones de euros -casi cinco veces esa cantidad- pero no logró imponerse en los tribunales, y asegura no haber utilizado el dinero, un hecho que también confirman las fuentes del Consistorio.

La expropiación en la calle Ofelia Nieto ha estado marcada por la polémica desde hace semanas. El argumento de la PAH de que el Ayuntamiento pretende demoler el edificio 'por seis metros de acera', la defensa del Consistorio de la legalidad del proceso en base a sus victorias en los tribunales y la acusación de las familias de que el Ayuntamiento les está robando se han mantenido desde el inicio de un proceso que, de momento, parece lejos de alcanzar un final.