La renovación del Tribunal Constitucional pactada por PSOE y PP abre ahora la elección de presidente de la institución como nueva batalla en el seno de la alta magistratura a corto plazo. El voto del presidente es decisivo porque rompe posibles empates, máxime en un tribunal donde los bloques conservador y progresista tienen fuerzas casi iguales.

El nuevo tribunal queda, a priori, con una distribución de fuerzas de 7 a 5 a favor de los magistrados designados a propuesta o con el aval del PSOE en relación a los del PP. Sin embargo, en la práctica, el catedrático Manuel Aragón, del primer grupo, se ha alineado con los conservadores en los asuntos de mayor calado político resueltos por el TC en los últimos años: el Estatut de Catalunya y la legalidad de Bildu y Sortu.

Una vez que el Congreso apruebe los nombramientos en el pleno del 17 y 18 de julio, lo que sucederá previsiblemente el próximo mes de julio, el alto tribunal procederá a la elección de presidente y vicepresidente, de acuerdo a la costumbre seguida por este órgano después de cada renovación.

Fuentes del tribunal señalan que pueden ser candidatos al puesto de presidente Pascual Sala, que lo sería a la reelección porque preside el tribunal desde 2011, y Ramón Rodríguez Arribas, ex presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), por parte del bloque conservador. Si se produjese un empate entre ambos, algo en absoluto descartable, saldría elegido Rodríguez Arribas por ser de más edad (un año) que Sala.

El tribunal tiene sobre su mesa asuntos de envergadura, entre los que destacan los recursos del PP contra la Ley del Aborto y contra la del matrimonio homosexual, y el recurso contra el Estatuto de Andalucía. En otoño de 2013, el alto tribunal deberá volver a renovarse parcialmente con candidatos del Gobierno (2) y del Consejo General del Poder Judicial (otros 2).

En cualquier caso, PSOE y el PP han renovado el tribunal con más de año y medio de retraso en el caso de tres de los magistrados, y de cuatro años en la cobertura de la vacante por fallecimiento de Roberto García Calvo. Tras la amenaza de aceptar la dimisión de los tres magistrados con el mandato extinguido enviado al Congreso por Pascual Sala, Soraya Sáenz de Santamaría, por el Gobierno, y Elena Valenciano, por el PSOE, han cerrado una lista de nombres que incluye un guiño a CiU con la incorporación de la magistrada del Supremo Encarnación Roca, apoyada por los nacionalistas catalanes.

Otro punto significativo es que los dos grandes partidos no han optado por juristas de perfil político bajo como se había especulado. El PP coloca a su ex diputado y portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso, Andrés Ollero, catedrático y jurista reputado pero más conocido públicamente por sus trifulcas con el PSOE en la Cámara Baja.

El PSOE incluye entre sus candidatos, además de a Roca, a Fernando Valdés Dal-Re, catedrático de Derecho del Trabajo, quien fue director general del Servicio Jurídico del Estado en el Ministerio de Justicia entre 1986 y 1990, es decir, con los ministros socialistas Fernando Ledesma y Enrique Múgica. Valdés fue crítico en su día con la reforma laboral de 2010 de Rodríguez Zapatero, pero aún más lo ha sido con la reciente del PP, que considera que “sólo facilita el despido y quita derechos a los trabajadores”.

El cuarto propuesto, por el PP, es el magistrado de la Sala Tercera del Supremo y miembro durante años de la Junta Electoral Central Juan José González Rivas, de la APM y que se pronunció contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía que fue estandarte de Zapatero.