Todos los grupos de la oposición en el Congreso han pactado este miércoles un texto común pidiendo al Gobierno la retirada de la reforma de las pensiones con el objetivo de poder negociar, aunque el PP ha avanzado ya que en ningún caso retirará la propuesta, si bien ha reiterado que hay 'margen' para alcanzar acuerdos a partir del proyecto de ley presentado por el Ministerio de Empleo.

El Pleno del Congreso debatía este miércoles sendas mociones de PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) sobre las pensiones, consecuencia de una interpelación a la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Sin embargo, finalmente lo que se votará este jueves será un texto acordado por los proponentes con UPyD, CiU, PNV y la mayor parte de formaciones del Grupo Mixto, entre ellas ERC, BNG y Compromís. En dicho texto, se rechaza el proyecto de ley del Gobierno porque 'acaba con el derecho de las pensiones a la revalorización, condena a la pérdida continuada de poder adquisitivo y vulnera la Constitución'.

Así, la oposición pide al Ejecutivo que retire la norma, revalorice las pensiones en función del IPC el próximo año (y no un 0,25% como está recogido en los Presupuestos) y abra un proceso de concertación social con sindicatos y patronal, y también con los partidos políticos en el Pacto de Toledo.

Además, el texto exige que se separen los problemas coyunturales de los estructurales. Para afrontar los primeros, se plantea usar 'de forma ordenada' el fondo de reserva de las pensiones, mientras que para los segundos se recoge una batería de medidas, entre ellas reestructurar los ingresos del sistema y completarlos con la imposición general, incrementar progresivamente las bases de cotización, incluyendo todos los conceptos hoy excluidos; derivar las medidas sociales que hoy paga la Seguridad Social hacia los Presupuestos y culminar la unificación de los regímenes de cotización.

Finalmente, los grupos parlamentarios han incluido en la moción las peticiones al Gobierno de que adopte políticas activas que permitan el incremento del empleo y, así, de los cotizantes; y también que impulse políticas de apoyo a las familias para fomentar la natalidad, la conciliación y la corresponsabilidad, de manera que se puedan afrontar los retos demográficos de futuro.

Sin embargo, la diputada del PP, Carolina España, ya ha avanzado que 'no se va a retirar el proyecto de ley' aunque ha invitado al resto de partidos a 'realizar enmiendas constructivas' para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, incluyendo en esa negociación 'todo', tanto los ingresos como los gastos del sistema. No obstante, ha recordado que también la oposición que debe tener 'voluntad política' para llegar a acuerdos. 'Estamos abiertos al diálogo, a la negociación. Tenemos tiempo, pero hay que enfrentarse a la realidad porque lo contrario sería una irresponsabilidad. No hace falta retirar este proyecto para debatir sus propuestas en profundidad. Hay margen', ha añadido, afirmando que algunos puntos de la moción transaccionada son 'positivos'.

El PP asegura que está abierto al diálogo pero lo único que ha dicho hasta ahora es no a todo lo que se le ha propuesto La diputada del PP ha negado que no haya habido diálogo con los agentes sociales y ha rechazado las acusaciones de inconstitucionalidad apelando a la reforma de la Constitución que obliga a la sostenibilidad de las cuentas públicas en todos los organismos. Gerardo Camps, por su parte, ha reprochado a la oposición que dé por hecho el rechazo del PP a su propuesta sin habérsela siquiera mostrado, y ha afirmado que, aunque es preferible aprobar los cambios con acuerdo 'si no es posible, un Gobierno responsable debe tomar las decisiones que crea que defienden mejor el interés general'. 'Con crisis o sin crisis debemos continuar con las reformas constantes en el sistema. Hoy, no en diez o quince años, porque la demografía tiene leyes inexorables y cerrar los ojos a la realidad no evitará sus consecuencias', ha añadido.

La socialista Magdalena Álvarez ha calificado la reforma como la de 'demolición de las pensiones' y ha avisado de que el texto del Gobierno 'vulnera la Constitución', que obliga a los poderes públicos a garantizar unas pensiones 'adecuadas y suficientes'. Además, ha recordado a los conservadores que 'marear y reunirse mil veces para nada' no es negociar y ha calificado de 'engañabobos' decir que suben las pensiones cuando el incremento es del 0,25%.

'Están condenando a los pensionistas y sus familias a la pobreza. Han hecho descarrilar el sistema público de pensiones poniendo en las vías un pedazo de viga muy gorda: la reforma laboral, que ha propiciado más paro y cotizaciones más bajas', ha añadido. Su compañero Valeriano Gómez ha criticado la 'hipocresía política' de que el PP use ahora los mismos argumentos que rechazaba cuando estaba en la oposición y se aprobó la anterior reforma de la Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad del sistema ante la demografía.

Por su parte, Joan Coscubiela (IU-ICV-CHA) ha afirmado que el 'pensionazo' provocará un 'recorte en las pensiones futuras y una pérdida de poder adquisitivo a los actuales pensionistas' y ha acusado al Gobierno de usar 'falacias y mentiras' para justificarla, tales como que el gasto en jubilación es insostenible pese a ser inferior a la media de la UE o que los problemas demográficos son inminentes aunque sus efectos no se notarán aún en décadas. 'La solución no es cobrar menos, sino aportar más ingresos', ha dicho.

Su compañero Gaspar Llamazares ha dicho que el Gobierno actúa como una 'secta' con un lenguaje propio en el que se llama factor de revalorización a un 'factor de devaluación', y todo bajo el mandato de la Troika e inducido por las aseguradoras privadas, que quieren 'un trozo del pastel'.

Álvaro Anchuelo (UPyD) ha dicho que el Gobierno ofrece diálogo cuando el resultado de la negociación está 'predeterminado' y le ha pedido que diga 'la verdad' a los ciudadanos sobre las consecuencias 'a corto, medio y largo plazo' de la reforma. 'Contra toda evidencia cuando vemos la noche ante nuestros ojos nos dicen que estamos viendo el día', ha añadido en referencia a la afirmación de que se garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas. Por CiU, Carles Campuzano ha subrayado la importancia del acuerdo en reformas que deben perdurar en el tiempo y ha instado al Ejecutivo a volver al Pacto de Toledo y a la concertación social, destacando el rechazo 'unánime' que ha suscitado el proyecto de ley. Además, ha asegurado que existe espacio para el acuerdo en el marco de la última reforma, que ya preconizaba la creación de un factor de sostenibilidad, pero retirando el 'arbitrario' índice de revalorización.

Emilio Olabarria, del PNV, ve 'obvio' que hay problemas con la sosteniblidad de las pensiones aunque ha recordado que una reforma 'injusta' no les darán solución. 'Están solos con ustedes mismos, y para reformas de esta naturaleza el valor del consenso no es baladí. Recuperen el consenso, no jueguen con esto' ha pedido, rechazando que el proyecto de ley plantea una 'reforma regresiva e inconstitucional' que conlleva 'un recorte' de las cuantías.