Existe una fina línea entre la expulsión y la entrega voluntaria del carné del partido que el PP nunca ha traspasado en el ámbito de corrupción, pues, hasta ahora, y con más o menos dureza, ha conseguido que todos aquéllos implicados en escándalos de este tipo hayan pedido la suspensión de militancia, un recurso que, generalmente, queda sin resolver en el limbo del olvido.

El último en romper termporalmente su afiliación ha sido Rodrigo Rato, muy presionado por la calle Génova, pero también lo hicieron en su día los exgerentes del partido Rosendo Naseiro o Luis Bárcenas, que se dieron de baja en el partido de forma voluntaria o pareciéndolo; esto es, sin que el PP  tuviera que abrir un expediente de expulsión en el seno del Comité de Derechos y Garantías, el órgano sancionador interno de la formación que actualmente preside el secretario general del PP de Castilla y León y alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco. Del mismo modo ocurrió con Jaume Matas, el expresidente de Illes Balears y exministro de José María Aznar que abandonó su militancia de 17 años en marzo de 2010 junto a algunos de sus consellers, como Josep Juan Cardona, que se fue voluntariamente del partido tras su implicación en el caso Scala.

¿En qué queda la suspensión de militancia? En el caso de Rosendo Naseiro, tanto él como los otros implicados en la operación que llevaba su nombre en los noventa, que entregaron asimismo su carné de afiliados (Ángel Sanchís, extesorero de AP, y Salvador Palop, exconcejal de Valencia), fueron rehabilitados en 1992. Es decir, el PP acordó devolverles el carné de militantes al admitir el Tribunal Supremo que no podía procesarles por presunta financiación ilegal del partido debido a la falta de pruebas.

Luis Bárcenas, por su parte, entregó a su partido el carné de forma temporal hasta que se resolviesen sus implicaciones judiciales en 2010, un año después de que fuera imputado en el caso Gürtel por el juez Baltasar Garzón. El extesorero del PP está en la cárcel y sigue suspendido temporalmente de militancia, pues nunca se le abrió un expediente del expulsión. En realidad, según decretó un juzgado de Madrid el pasado mes de julio, tampoco ha sido despedido del PP por el PP, sino que está en excedencia.

Todo está dirigido, pues, en el Partido Popular a hacer el menor ruido posible con un asunto que cada vez preocupa más a los ciudadanos, según la última encuesta del CIS: la corrupción política. La suspensión temporal de militancia, particularmente si es solicitada voluntariamente, es el recurso más sencillo y rápido frente a la apertura de un expediente de expulsión, además de que puede ser alargada indefinidamente. Rato se resistió a entregar su carné -en Radio Nacional aseguró la semana pasada que no lo haría sin explicarse primero-, pero finalmente, muy presionado por los mensajes que le llegaban desde la calle Génova para que renunciase y con Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal sin ponerse en contacto con él, el exvicepresidente de Aznar anunció ayer a última hora que se iba temporalmente hasta resolver su situación en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Para un sector del PP, esta renuncia -que seguramente quede en eso de forma indefinida- es un gesto 'poco contundente' y Rato debería de haber sido expulsado del partido inmediatamente, pues aunque los tribunales lo absuelvan, el comportamiento del exdirector gerente del FMI es 'inadmisible' en un alto cargo frente a la opinión pública. Por ello, la opinión mayoritaria entre los conservadores es que Rato 'no será rehabilitado' y el PP actuará al más puro estilo Rajoy: dejar pasar el tiempo y dejar actuar a los tribunales con Rato apartado ya del partido.

Con todo, en el PP sí ha habido expulsiones, aunque ninguna de ellas ha afectado a los implicados en casos de corrupción política. A saber, se expulsó al miembro de Nuevas Generaciones de Toledo, Jaime Ferrero, cuyas fotografías con gatos muertos coparon las redes en 2008; se expulsó en enero de este año al alcalde de San Juan de la Rambla (Tenerife) tras ser condenado por conducir ebrio, o se expulsó en 2007 al concejal Francisco Rey por apoyar una iniciativa que pretendía quitar el nombre de la localidad de Ermua al Foro de este nombre.