El PSOE ha dado el primer paso para poner coto a las prejubilaciones en las grandes empresas mediante una enmienda al proyecto de ley de políticas activas de empleo que se debate en el Congreso, que se queda ahora a merced de la discusión con los partidos políticos.

El principal partido de la oposición, el PP, no ha rechazado la posibilidad y fuentes conservadoras aseguran que 'estudiará con detenimiento' la iniciativa socialista. En el texto que presentó el PSOE a última hora del martes, se exige a las empresas de más de 500 empleados que hayan tenido beneficios en los dos ejercicios previos a realizar un Expediente de Regulación de Empleo, que paguen los gastos de las prestaciones sociales que aparejen los despidos de los mayores de 50 años.

Cuando Telefónica anunció hace apenas dos semanas un ERE para el 20% de su plantilla, el PP culpó al Gobierno de que las empresas adoptaran medidas como estas, cuyo coste asume en parte el Estado. Cospedal aseguró entonces que la intención del Ejecutivo de endurecer las condiciones era un 'globo sonda'. Ahora que la propuesta ha entrado en el Congreso para ser debatida, es el turno del PP de demostrar su postura ante una práctica de la que se benefician sobre todo las grandes empresas.

El diputado de CiU Carles Campuzano adelanta que su partido está de acuerdo con la 'filosofía' de la enmienda, y espera a conocer con profundidad la formulación para ver su viabilidad. El principal apoyo del PSOE en esta legislatura, PNV, se ha mostrado más reticente a aceptar la formulación del texto y el diputado Emilio Olabarría aseguró en declaraciones a EP que habrá que 'depurar' la propuesta. Por su parte, IU ha presentado su propia enmienda, 'más ambiciosa' aún que la del Gobierno, pero en la misma línea, por lo que probablemente se sumará a la negociación.

El diputado socialista Jesús Membrado, que fue el encargado de introducir la enmienda, se muestra confiado en lograr el respaldo del arco parlamentario alrededor de la propuesta. 'No tiene carácter sancionador', explicó Membrado, que dijo que el objetivo es paliar la situación de los despedidos que tendrán más dificultad en crear empleo.

Por otra parte, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, confirmó ayer que este viernes aprobará el plan para aflorar empleo sumergido. Una de las principales cuestiones que rebaten los sindicatos, que sólo se reconozcan a los trabajadores hasta seis meses cotizados, puede variar en el texto final.