La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha dicho hoy que le consta que cualquier interceptación de las comunicaciones telefónicas siempre ha estado previamente autorizada por un juez, además de fundamentada y justificada a través de una resolución judicial.

"No me consta denuncia en otro sentido", ha añadido la portavoz del órgano de gobierno de los jueces en declaraciones en Antena 3.

Según ha explicado, el CGPJ emitió un informe en 2004 sobre el Sistema Integral de Interceptación de las Telecomunicaciones (SITEL), en el que exigió que en todo momento fuera la autoridad judicial la que controlara las interceptaciones, así como que no hubiera una indefinición en cuanto a quién tenía que hacerlo.

Ayer el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, acusó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de ser el responsable de que la española sea "una sociedad vigilada" por emplear el sistema SITEL, que fue contratado por el Gobierno del PP.

Por otra parte, respecto al caso del desamparo de un menor de Ourense con problemas de obesidad mórbida, cuyos padres han decidido no entregar al menor a la Xunta, la portavoz del Consejo ha indicado que "hay que atender al problema fundamental, que es el niño y el interés del menor".

Bravo, quien fue fiscal de menores del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), ha concluido que en este asunto las autoridades administrativas y la judicial han actuado en todo momento bajo el interés fundamental de velar por la integridad física del niño.