"A los chicos hay que decirles claramente que la violencia en la calle sólo les lleva a tres sitios: al hospital, a la cárcel o al cementerio". Así de tajante es el policía David Madrid, experto en bandas juveniles que colabora con Policía Solidaria, una ONG del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Policía Solidaria asesora e imparte formación a los monitores de los hogares y casas de acogida de Mensajeros de la Paz para que puedan detectar a tiempo situaciones de riesgo de los "niños de la calle" y eviten su entrada en bandas violentas o que sean víctimas de la pornografía infantil en internet.

Sólo en la Comunidad de Madrid, Mensajeros de la Paz acoge a unos 140 menores, niños españoles en situación de desamparo o con graves problemas familiares o extranjeros sin familia conocida.

Muchos de ellos llegaron a España a bordo de una patera o escondidos en los bajos de un camión, huyendo de la miseria o empujados por sus propios padres y, después de vagabundear durante algún tiempo, fueron localizados por la Policía y llevados a un centro de acogida bajo tutela de los servicios sociales de las comunidades autónomas.

"Carne de cañón" para dar el salto a la pequeña delincuencia juvenil, a las pandillas violentas o a la simple marginalidad social, "buscan pertenecer a algo, tener una identidad", explica Madrid, que durante siete años ha investigado el fenómeno de las bandas latinas, las pandillas violentas y las tribus urbanas.

Para el agente, reconducir a estos jóvenes no sólo les da una segunda oportunidad, sino que beneficia a la sociedad en su conjunto y a los propios policías, obligados a bregar con ellos en la calle, donde los robos "al descuido" o en comercios son "el pan nuestro de cada día".

Además, los chicos desconfían de la Policía y no colaboran cuando se les encuentra metiéndose en líos, a lo que se añade que la Administración, cuando les tutela, les retira la documentación, así que cuando son detenidos tras cometer alguna fechoría hay que identificarles y determinar si realmente son menores.

Pero los problemas empiezan realmente cuando alcanzan la mayoría de edad, ya que después de pasar años en casas de acogida y de invertir tiempo y dinero en enseñarles un oficio se les pone "de patitas en la calle" o, en el peor de los casos, se les expulsa del país.

"Se les enseña un caramelo durante años y luego se les quita", denuncia otro miembro de Policía Solidaria, Miguel Ángel Fernández, que asegura que esos jóvenes no tienen otra opción que volver a subirse a una patera e intentar regresar a España como sea.

Para Fernández, esta política de inmigración convierte a los policías en "los malos de la película", además de incumplir de forma sistemática el principio de inserción de los jóvenes en acogida.

"Nosotros hacemos cumplir la ley, pero la ley es a veces socialmente injusta", denuncia Fernández, que cree que las expulsiones de estos jóvenes es inhumana e injusta y les conduce irremediablemente a la marginación, la pobreza o, en el peor de los casos, la criminalidad.

Por eso, tanto Mensajeros de la Paz como Policía Solidaria han pedido a los partidos políticos que amplíen hasta los 25 años la asistencia social para estos menores, en función de sus circunstancias individuales.

"Se da el caso de jóvenes en proceso de formación que a los 18 años deben ser abandonados a su suerte por imperativo legal", denuncian.

Una crítica a la que se suma el presidente de Mensajeros de la Paz en Madrid, Rodrigo Pérez, que lamenta el recorte de las ayudas públicas.

"He encontrado mucha más sensibilidad en la Policía que en la mayoría de los políticos", reconoce Pérez, que alerta de que los hijos de familias aparentemente "normales" pasan demasiado tiempo solos en casa por culpa de la jornada laboral de sus padres, un escenario que se agrava en el caso de las familias monoparentales.

"Los chicos están solos en casa y buscan algo fuera, en la calle", advierte Pérez, que tiene claro que la Policía no puede atajar en solitario la delincuencia juvenil, sino que hace falta coordinación con las familias, los colegios y las redes de asistencia social.

Enrique Rodríguez de la Rubia